El reclamante, el abogado Marcos Emilfork, solicita al Tribunal dejar sin efecto la resolución en que la SMA archivó la denuncia, “ordenando a la SMA requerir el ingreso del Túnel Los Sulfatos al SEIA”.

La medida cautelar tendrá vigencia hasta que esta judicatura especializada dicte sentencia en la reclamación presentada por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur Bascuñán en contra de la resolución en que la Superintendencia del Medio Ambiente aprobó el programa de cumplimiento refundido presentado por Reconsa en el procedimiento administrativo sancionador llevado en su contra.

Las reclamaciones fueron presentadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso, así como por agrupaciones y personas naturales y están asociadas a dos resoluciones de la autoridad ambiental.

Las reclamaciones fueron presentadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso, así como por agrupaciones y personas naturales que participaron del proceso de evaluación ambiental del proyecto TCVAL y están asociadas a dos resoluciones de la autoridad ambiental.

Al decretarse nuevas diligencias por la SMA en aquel proceso sancionatorio, debió fijarse un plazo para ello y otorgar audiencia al administrado, pues son exigencias que velan por el debido proceso.

Sentencia concluye que la autoridad fiscalizadora actuó en forma ilegal y arbitraria al no fijar un plazo para el proceso de reformulación de cargos y no otorgar audiencia previa a la empresa.

El Tribunal explica que “contiene las acciones u obligaciones a las que se obligan y los verificadores o plazos para su ejecución y que se cumple con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°20.600 que crea los Tribunales Ambientales”, esto es, que implementa medidas adecuadas para hacerse cargo del eventual daño ambiental alegado.

El Tribunal concluyó que la Superintendencia del Medio Ambiente no configuró debidamente la infracción asociada al aumento de la producción de mosto.

La sentencia comienza aclarando que la declaración de incumplimiento de un programa de cumplimiento puede ser reclamada en esta judicatura especializada, pues constituye un acto de trámite cualificado, ya que es capaz de producir indefensión a la reclamante considerando su transcendencia análoga a la de un acto terminal.

Judicatura concluyó que la resolución sancionatoria estuvo debidamente fundada.