El fallo ordena a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria, que considere los aspectos planteados por el Tribunal en su decisión, los cuales están asociados a una errónea configuración de las infracciones; las razones que llevaron al incumplimiento de los plazos para el cierre definitivo del relleno sanitario por parte del titular; la consideración del informe que descartaba riesgos en la construcción de taludes para la determinación de la sanción específica; y el formato utilizado por la empresa para llevar el control y registro de los residuos.

A juicio del Tribunal, no se configura en este caso el requisito basal para efectuar un requerimiento de ingreso al SEIA, a saber, la existencia de un proyecto, toda vez que el proyecto de titularidad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda estaba asociado al convenio suscrito con la Fundación Circular, el cual -desde 2021- no está vigente.

“El Tribunal en su revisión y análisis ha establecido que las observaciones del proceso de participación ciudadana, inserto en la evaluación ambiental del proyecto “Planta Solar La Greda”, se han considerado debidamente, a través del correcto descarte de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 letras c), e) y f) de la Ley N° 19.300, fundamentos técnicos que además han sido recogidos en la RCA del proyecto”, explica la sentencia.

“A juicio del Tribunal, no se configura en este caso el requisito basal para efectuar un requerimiento de ingreso al SEIA, a saber, la existencia de un proyecto, toda vez que el proyecto de titularidad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda estaba asociado al convenio suscrito con la Fundación Circular, el cual -desde 2021- no está vigente. De esta forma, la SMA, al efectuar, mediante la resolución reclamada, el requerimiento de ingreso sin existir proyecto incurrió en una ilegalidad, al vulnerar el artículo 3° literal i) de la LOSMA”, concluye la sentencia.

El Tribunal determinó que el objeto de la controversia era el alcance de la exigencia de someter una o las dos actividades a evaluación ambiental. Es decir, si lo que debía ingresar al SEIA era únicamente la actividad extractiva de áridos o el proyecto en su conjunto, incluyendo la planta de áridos de Minera Rosario.

El Tribunal verificó la existencia de malos olores y con ello la afectación a la salud de la población aledaña, al menos entre diciembre de 2013 y noviembre de 2023.

Tras analizar las alegaciones asociadas a una eventual ilegalidad de la resolución de la SMA, que sostenían que el proyecto debía ingresar al SEIA por configurarse al menos cinco de las causales de ingreso tipificadas en el artículo 10 de la Ley N° 19.300, la sentencia concluye que la actuación de la SMA se ajustó a la legalidad y a los antecedentes que obran en el expediente.

La primera reclamación se presentó en contra de la resolución de la SMA que aprobó la metodología de cuantificación de emisiones de la planta ubicada en Concón; y la segunda, en contra de la resolución sancionatoria que le impuso a la empresa una multa de 269,8 UTA, por cinco infracciones a dicho a dicho Plan.

El proyecto consiste en la construcción de un edificio residencial, de 15 y 8 pisos de altura más 3 niveles subterráneos. Contempla un total de 459 departamentos, 7 locales comerciales, 173 unidades de bicicletas y 214 estacionamientos vehiculares.

Sentencia aplica un nuevo criterio, respecto del tiempo “razonable y justificado” que debería demorar la Superintendencia en iniciar un procedimiento sancionatorio por ruido generado a través de una denuncia, luego de que “tiene certeza respecto de la veracidad de los hechos denunciados y, por ende, se encuentra ante una denuncia revestida de seriedad y mérito”.