En el fallo, el Tribunal consolida el criterio que ha venido desarrollando en sus últimas sentencias respecto del interés de las municipalidades en los procedimientos de evaluación ambiental de un proyecto y su legitimación para impugnar la resolución de calificación ambiental (RCA) de algún proyecto o iniciativa emplazado o con influencia en su territorio.

En relación con la función que cumple el Tribunal Ambiental en el proceso de conciliación, Delpiano detalló que esta judicatura especializada tiene dos roles; “primero, un rol de facilitar el diálogo entre las partes y, segundo, un rol de velar porque el acuerdo al que se llegue cumpla con el estándar que exige la ley. Esto es, que se repare el daño ambiental alegado”.

La sentencia llama la atención respecto de la relación colaborativa y temprana que debe existir entre el Estado y el regulado, enfatizando que “considerando la naturaleza provisoria de esta actividad (construcción inmobiliaria) y la importancia de este mecanismo (asistencia al regulado) para la prevención y promoción del cumplimiento ambiental, el Tribunal estima que este derecho debe ser conocido por el regulado desde la etapa de fiscalización.

El objetivo del evento fue promover la transparencia en la gestión del Tribunal e incentivar el diálogo interinstitucional y con la ciudadanía respecto de temas como jurisprudencia, conciliaciones como mecanismo de resolución de conflictos, nuevo proceso constituyente, perspectiva ambiental y cambio climático, como también analizar y reflexionar respecto de aquellas reformas necesarias para el sector.

Proyecto emplazado en una superficie superior a 7 hectáreas, que contempla más de 300 viviendas.

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A. en contra del Ministerio del Medio Ambiente por la resolución en que declaró como humedal urbano al humedal Tranque La Poza, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. En su análisis de los antecedentes, el Tribunal determinó que el […]

La sentencia rechazó cada una de las alegaciones de los reclamantes asociadas a un eventual emplazamiento de dicho humedal fuera del límite urbano; la proporcionalidad de la declaratoria; la debida fundamentación de la resolución que declaró el humedal; la posible vulneración al derecho de propiedad; y una eventual infracción al artículo 8, número III, literal b) del Reglamento de Humedales Urbanos.

Los ministros analizaron aquellas alegaciones asociadas a la generación de lodos, concluyendo que durante la evaluación ambiental se logró acreditar que el proyecto no generará un riesgo para la salud de la población por la generación y disposición de los lodos, cumpliendo con la normativa aplicable.

La sentencia concluye que la SMA incurrió en ilegalidad al rechazar el programa de cumplimiento (PdC) presentado por Andacollo de Inversiones Ltda., titular de la planta, al basar esta decisión en la improcedencia de la reformulación de cargos y la imposibilidad de presentar dicho programa en los casos en que se imputa la generación de daño ambiental.

El proyecto Mejoramiento Integral forma parte de un “Master Plan” desarrollado por EFE, que busca potenciar el sistema ferroviario para el transporte de carga y de pasajeros, entre otros, contemplando para tales efectos siete iniciativas de modernización ferroviaria. Una de estas iniciativas es el proyecto “Rancagua Express”, que contempla tres subproyectos: “Mejoramiento Integral”, “Seguridad y Confinamiento” y “Renovación Flota Material Rodante”.