Previa autorización del Tribunal Ambiental, en su momento, se ordenó detener el funcionamiento total de la extracción para evitar el daño al medio ambiente y prevenir situaciones de riesgo en la zona afectada.
Se dictaron ocho medidas para cumplir rigurosamente con el plan de mitigación, rescate y relocalización al que se había comprometido el titular.
El fallo determina que, aunque la Superintendencia del Medio Ambiente no descartó totalmente la intervención humana en las condiciones anaeróbicas, las infracciones podrían haber generado dicha condición estarían prescritas.
El Tribunal aclaró que “la aplicación de los principios penales en el ámbito sancionatorio no implica la de sus reglas particulares, sino que una aplicación adecuada a las particularidades del Derecho Administrativo Sancionador”.
Las infracciones se adoptaron luego de comprobar diversas denuncias ciudadanas y del Consejo de Monumentos Nacionales referidas al impacto sobre vestigios en sitios históricos patrimoniales, por no reportar monitoreos e incumplimientos a su RCA.
Las medidas se sustentan en diversas denuncias realizadas por organismos sectoriales y ciudadanas, las que alertaron a la SMA del derrame de lodos, ocurrido la madrugada del 29 de octubre, incidente que no fue reportado de manera oportuna a las plataformas de la SMA.
Las infracciones detectadas para cada caso fueron clasificadas como leves, por lo que cada titular podría ser objeto de una amonestación por escrito o una multa de hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).
Cuatro de las infracciones fueron clasificadas como graves y una leve toda vez que es posible determinar la existencia de un riesgo para la salud y calidad de vida de las personas.
La iniciativa se relaciona con la ejecución de un proyecto interno que vinculó a las diversas áreas del servicio, con el fin de dar un tratamiento masivo a los casos de incumplimiento de las normas de emisión de RILes.
