La propuesta de Programa de Cumplimiento (PDC), en el marco del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2022, no cumplió con los criterios de integridad ni eficacia exigidos por la normativa aplicable.
Las infracciones imputadas tienen relación a incumplimientos constatados a las medidas establecidas en los permisos ambientales del proyecto, particularmente, por el tratamiento, manejo y disposición deficiente de purines.
Esto, por el incumplimiento de medidas establecidas en el permiso ambiental del proyecto, que establece que la empresa no puede ejecutar obras durante el período de nidificación de esta especie categorizada en estado de conservación en peligro.
Junto con lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente renovó por 30 días corridos, previa autorización del Tercer Tribunal Ambiental, la paralización total de obras de despeje de vegetación, escarpado de terreno, intervención de cauce y otros.
Es importante destacar que el permiso ambiental del proyecto establece el compromiso por parte del titular de llevar un registro de la avifauna que eventualmente pudiera ser impactada por el proyecto y, en el caso que se sobrepase la tasa de colisión de aves establecida en la evaluación, se debe informar y proceder a la instalación de disuasores de emisión de ultrasonidos, entre otros compromisos.
Entre otras medidas, los establecimientos afectos a este instrumento de gestión ambiental deberán registrar en el módulo de Catastro del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT), todas las fuentes estacionarias del establecimiento.
Esto, por efectos no previstos en la evaluación ambiental del proyecto subestación seccionadora Roncacho. Lo anterior, tras la aparición de las especies Salamanqueja del Norte Grande (Phyllodactylus gerrhopygus) y Corredor de Arica (Microlophus yanezi) durante la fase de construcción.
Acciones comprometidas están orientadas a subsanar dos infracciones cometida por el titular del “Proyecto “Grupo N°22, Sector Longovilo”, asociado a la unidad fiscalizable Cerdos Longovilo – Agrosuper, y que dio origen a una formulación de cargos en junio del 2022.
Tras constatar en actividades de fiscalización ambiental que, los proyectos de desarrollo urbano no cuentan con el permiso ambiental respectivo, por lo que la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado estos procedimientos por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La infracción tiene relación con una superación de 26 decibeles por parte de la universidad, respecto de lo que establece la Norma de Emisión de Ruidos para horario diurno en el sector.
