El proyecto reclamado contempla el depósito de los estériles (minerales de baja ley) en 87,3 hectáreas adicionales, lo que representa una capacidad extra de 86 millones de toneladas; además el tratamiento de la superficie de rodado de los caminos internos de la faena y la extensión de zonas intramuros del campamento de la minera.

En razón de ello, además, se ordena oficiar a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), para que supervise la ejecución de la medida decretada.

la recurrente alega, en lo que interesa, que la sentencia recurrida incurre en una serie de vicios que tienen el grave efecto de desdibujar el régimen sancionatorio medioambiental, pudiendo sentar un grave precedente a futuro que dañe la institucionalidad.

El Tribunal es de la opinión que se dio íntegro cumplimiento por parte del SEA y el titular a la obligación de fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación del proyecto, de conformidad a la ley.

La comunidad reclamante alega que, la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha firmado y que se encuentran vigentes.

Los demandantes arguyen que no cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto, esto es, un banco de machas, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G.

Los reclamantes alegan que la resolución reclamada en autos, no consideró los posibles efectos en la salud, como consecuencia del material particulado y los gases generados por las obras y actividades.

Se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, para que investigue una eventual configuración del delito de desacato, por parte de la empresa titular del Proyecto.