Con la decisión, se acogió la solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), efectuada luego de constatar que la empresa habría incumplido su permiso ambiental y realizó obras en meses de nidificación de la golondrina, lo que pone en riesgo los ciclos reproductivos de la especie.

Entre los fundamentos entregados en la sentencia del 1TA se destaca que se descartaron la mayoría de las alegaciones expuestas por la corporación, al establecerse que hubo una correcta evaluación ambiental. En este sentido, se determinó que se descartaron de manera suficiente e idónea la generación de los efectos adversos significativos sobre la calidad y cantidad de los componentes suelo, agua, flora y fauna.

“En los últimos 37 años, cada año, terminada la época de lluvias estivales, Quiborax se aboca a su faena minera, renovando con ello el ilícito, y extendiendo necesariamente el daño ambiental causado”, se estipula en la demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.

Primer Tribunal Ambiental acoge reclamación de Municipalidad de Los Vilos y determina que es ilegal resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que determinó que el proyecto “Extracción de Agua de Mar IV Región” no debía ingresar a evaluación ambiental.

La instancia decretó una inspección personal del sector donde se emplaza la iniciativa, para así obtener una mejor comprensión del entorno en cuestión y tomar una decisión informada.

El proyecto significa una inversión de US$3.200 millones para asegurar la continuidad de las operaciones por 20 años

En el prólogo, el exministro del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, explica como la obra tiene el mérito de “revisar con enfoque crítico las cuestiones que han generado más debate a nivel nacional en estos 10 años de funcionamiento de la justicia ambiental” y destaca como esta justicia especializada nacional es “un referente a nivel mundial”.

La causa admitida a trámite, es la primera que tiene relación con la Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El fallo contó con el voto preventivo de la ministra presidenta (s) Sandra Álvarez Torres quien manifestó que al tratarse de una controversia que tiene relación con un Programa de Cumplimiento existirían “actos iniciales tanto para el despliegue de una fiscalización como para la formulación de cargos, correspondientes a resoluciones exentas emanadas de autoridad competente”.

Respecto a la importancia de la diligencia, el ministro Marcelo Hernández dijo que pudieron constatar “los elementos de contexto, la geografía, la fisiografía del terreno y la caracterización visual de los residuos que todavía están presentes en los terrenos”.