Para el Consejo hubo una evidente negligencia de las empresas a las que está demandando en tanto, afirma “[…] que a fin de aumentar sus márgenes de ganancia fueron más allá de lo autorizado ambientalmente en la faena minera y terminaron generando el daño ambiental irreparable”.

El equipo del tribunal recorrió ampliamente la Quebrada de Camar y la localidad de Peine para conocer el estado de especies de algarrobos y el sistema de riego que SQM implementó como una de las medidas incluidas en el Programa de Cumplimiento Refundido (PdCR).

La comunidad indígena argumenta que “la autoridad ambiental ha validado en reiteradas ocasiones y de forma arbitraria, incluso en la resolución reclamada, la afirmación del titular respecto a que su proyecto no generará aquellos impactos significativos en relación con la comunidad indígena de Colla de Pai Ote”.

En la ocasión no solo participaron los abogados de las empresas mineras, sino también de la Comunidad de Peine como demandante y el Consejo de Pueblos Atacameños que actúa como tercero coadyuvante, es decir, que tiene interés en el resultado que tendrá esta causa.

Para la compañía minera no se justifican los argumentos de rechazo e insisten en haber trabajado “activamente y en cooperación con la SMA desde la presentación del primer PdC en mayo de 2021”.

La sociedad de la Zona Franca de Iquique solicita la inspección personal del tribunal al lugar afectado y se argumentan diversos aspectos que dicen relación con una posible contaminación por concentraciones de hidrocarburo en las aguas subterráneas, en el alcantarillado y en el suelo, todas las que -según los antecedentes presentados- superarían los límites establecidos por normas nacionales e internacionales.

“Esta diligencia se realizó en 4 paños que dicen relación con las reclamaciones, donde quienes reclaman entienden que sus predios no deberían formar parte de esta declaratoria de humedal urbano, por lo que se encuentran impugnando el acto emanado por el Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la ministra presidenta Sandra Álvarez.

Las denuncias presentadas tienen relación con obras efectuadas por la empresa sin la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y las posibles afectaciones que eso podría haber provocado a los ecosistemas.

La fundamentación del recurso radica en el espacio territorial de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, el que no solo contemplaría la Región de Coquimbo, sino también la Región de Atacama, situación por la que el proyecto – a juicio de quien presentó la acción- debió ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la comisión de la región.

En el análisis realizado por la sala conformada, se pudo establecer que el área de influencia del medio marino fue correctamente determinada ya que incorporó todas las partes, obras y acciones del proyecto y además, identificó adecuadamente los elementos del medioambiente que podrían ser potencialmente receptores de los impactos.