El recurrente se limita a señalar los párrafos de la sentencia que en su concepto carecerían de razón suficiente y de una posible contradicción, mas no explica con fundamento bastante, porqué estima configurado tal vicio, siendo más bien un problema de valoración de prueba, más que de falta de fundamentación lo que ataca por esta vía el defensor penal.

El tribunal descartó, sin fundamentación suficiente, las lesiones descritas en DAU, cuyo contenido coincidía con los hechos del requerimiento, configurando una vulneración al principio de razón suficiente.

De la sola lectura de las normas denunciadas se advierte la utilización de la conjunción disyuntiva “u”, que importa la alternativa entre una o más opciones; esto es, lo que se sanciona es negarse injustificadamente a someterse a pruebas respiratorias “u” otros exámenes científicos, todos con la misma finalidad: “establecer la presencia de alcohol en el cuerpo.

Si la premisa del recurso es que la regulación introducida en el artículo 456 bis A por la Ley N°20.273 constituye una normativa especial, limitada exclusivamente a la figura de la receptación, es evidente que la antinomia que plantea respecto de lo previsto en el artículo 449 del Código Penal, que también se aplica a esa figura delictiva, exigía incluir expresamente esa disposición dentro del desacato de ilegalidad, refiere el voto en contra.

El artículo 196 de la Ley de Tránsito, no distingue si el sentenciado es o no poseedor de licencia de conducir, de modo que no corresponde al tribunal hacer tal discriminación.

Se trata de normas penales -limitantes de derechos- que deben ser interpretadas restrictivamente, haciéndose manifiesto aquí el principio “In dubio pro reo”, lo que lleva a la absolución del imputado.

No tiene condenas previas y el acusado ha sido requerido por la existencia de tres ilícitos por los cuales fue condenado en un mismo fallo.

Dicha deficiencia, sin lugar a duda, resuelve la Corte de Santiago, ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a dar por establecido los elementos típicos de un delito de hurto en grado de consumado y, en consecuencia, condenar a los acusados como autores del mismo, sin dar razones suficientes que sirvan de sustento válido a tal decisión.

La defensa no logra demostrar de qué forma la valoración de la prueba realizada por los jueces del fondo vulnera los principios rectores de la sana crítica aducidos, en particular, el principio de razón suficiente y de corroboración. En ningún caso la indicación de la ubicación del cuerpo puede configurar una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

No hay transcripción de las declaraciones de la víctima, testigos o peritos, lo que conduce, posteriormente, a una ausencia de valoración del material probatorio de que se valió el Ministerio Público en los términos exigidos en el artículo 297, pero si se consignan en la sentencia las declaraciones que prestó el acusado en la oportunidad procesal prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal.