El pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación de pagar las cotizaciones de seguridad social se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación.

Para regular el tiempo durante el cual debe ser aplicada la agravante de reincidencia, se debe considerar el delito mismo de que se trata y no la pena aplicada en su momento por el ilícito anterior.

No existe una errónea aplicación del derecho que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que el tribunal se hace cargo del dolo como elemento del delito.

El actuar de los funcionarios policiales no puede dar pábulo a un motivo de nulidad si no fue reclamado oportunamente antes de la dictación del fallo.

Es legal el control de identidad, si el sujeto huye al advertir la presencia de policías y, si lo observado por Carabineros concuerda con la descripción de un testigo.

El tribunal de primera instancia descartó la vulneración de derechos fundamentales en la decisión de separar de funciones al ex policía, al considerar que tal medida se tomó en base a antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de faltas a la ética y probidad del funcionario.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago indemnizatorio de $48.300.000 por concepto de daño moral por enfermedad profesional, a las empresas demandadas Aura Ingeniería Ltda., Agecomet SA, Incomin, Rinasa SA, M. Vidaurre y Cía. Montajes e Ingeniría Eléctrica SA, Consorcio SPH Ltda. y Sierra y Plaza Ingeniería; en tanto, Codelco División Andina deberá responder in solidum (por el total), de las sumas que correspondan a las empresas respecto de las cuales fue mandante.

La infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la empresa pagar el incremento del 30% de la indemnización por años de servicios a la trabajadora.

El defecto que se denuncia no fue determinante, toda vez que los funcionarios policiales estaban informados de la actividad ilícita que desarrollaba el acusado, lo habían visto realizar movimientos de tierra ese mismo día y habían sido informados por el coimputado sobre el delito.