La medida busca establecer alertas tempranas para evitar que la contaminación se propague a la población.
Para la SMA los hechos que constituyen la infracción tiene relación con “la disminución del nivel freático en el `Sector de Tilopozo´ mayor de 25 cm superándose con ello, de forma permanente en el tiempo desde el año 2005, la disminución máxima aceptable del nivel freático que pueden soportar los niveles vegetacionales, sin ejecutar la medida de reducir el período de explotación a menos de 21 años”.
El procedimiento sancionatorio se inició debido a que la empresa no realizó el cambio de una antorcha que permite reducir emisiones. Esto se encontraba dentro de los compromisos establecidos por el titular en el permiso ambiental de 2004.
A nivel general, se verificaron incumplimientos en los planes de protección de flora y fauna en un proyecto eólico, fotovoltaico y en una minera de hierro.
En base a antecedentes que dan cuenta de nuevas filtraciones en el sector afectado por el socavón de Mina Alcaparrosa, se requieren informes para analizar su impacto, especialmente en el acuífero del Río Copiapó.
El procedimiento sancionatorio se inició tras constatar el incumplimiento por parte de la empresa titular del proyecto sobre las medidas relativas al patrimonio arqueológico existente en la zona.
Tras verificar que venta de parcelas en la comuna de Hijuelas no cuenta con el permiso ambiental respectivo, tratándose de un proyecto inmobiliario de desarrollo urbano que supera el umbral de 80 viviendas. Además, parcelación colinda con el Parque Nacional La Campana, ubicándose algunos lotes sobre esta área protegida, lo que estaría generando un riesgo de afectación para esta zona de altísimo valor ambiental.
Este caso tiene como origen denuncias ciudadanas que informaban sobre descargas de residuos industriales líquidos de la empresa en el Estero Sin Nombre, en la comuna de Colbún. Lo anterior, habría producido malos olores y afectación al ecosistema del estero.
Tras denuncia ciudadana que informó sobre la configuración de “daño ambiental” que afectaba al arroyo “La Vertiente”, único sitio donde habita la ranita del Loa, Telmatobius dankoi, especie en peligro crítico de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Empresa arriesga una multa de hasta 11.000 UTA, equivalente más de $8.000 millones.
Los hechos constitutivos de infracción se vinculan con la ejecución de un proyecto de desarrollo minero sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y con el incumplimiento de una instrucción de carácter general asociada a la caracterización de las descargas de residuos industriales líquidos (RILes). En cuanto a las medidas provisionales ordenadas, éstas tienen por objeto evitar tanto la afectación de las turberas existentes en el área de desarrollo del proyecto, como la descarga de RILes con alta turbiedad a cursos de agua superficiales.
