La medida provisional procedimental, que se da en el marco del procedimiento sancionatorio que inició la Superintendencia en julio de 2024, tiene un plazo de 30 días corridos.

Se trata del proyecto “Concesión Marítima Astilleros Vergara”, ubicado en el sector de Chinquihue, el cuál comprende actividades de construcción y reparación de artefactos navales bajo techo para ser llevados a flote, posteriormente, y efectuar las terminaciones interiores para su puesta en operación.

El titular modificó sustantivamente la extensión, magnitud y duración de los impactos ambientales del proyecto, al relocalizar sus instalaciones en un sitio fuera de lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La medida fue ordenada debido a que la empresa no ha implementado las obligaciones establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental, respecto al cierre perimetral de las piscinas y disuasores de sonido para especies de avifauna.

A través de este documento, se definen las reglas para la certificación de luminarias y proyectores en el marco de la Norma de Emisión de Luminosidad Artificial.

Esto, tras constatar incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental; junto con ejecutar proyectos y desarrollar actividades sin contar con el permiso ambiental respectivo; e incumplir una instrucción general de esta Superintendencia

Esto, luego de constatar que la empresa cuprífera no ejecutó medidas ambientales vinculadas al tranque Talabre.

Tras constatar en actividades de fiscalización ambiental que el proyecto de crianza de animales con fines productivos no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente inició el procedimiento por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La propuesta de Programa de Cumplimiento (PDC), en el marco del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2022, no cumplió con los criterios de integridad ni eficacia exigidos por la normativa aplicable.

Las infracciones imputadas tienen relación a incumplimientos constatados a las medidas establecidas en los permisos ambientales del proyecto, particularmente, por el tratamiento, manejo y disposición deficiente de purines.