La negativa a cursar las licencias médicas implicó el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa de parte de la autoridad.
El Tribunal de alzada ordenó a la recurrida encargar un nuevo informe médico para determinar la procedencia de los 17 días de reposo que dispuso la licencia médica cuestionada y emitir un nuevo pronunciamiento.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional deducido por el docente al sostener que el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social es ilegal y carece de razonabilidad y fundamentos suficientes.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario, ilegal e injustificado de la Superintendencia de Seguridad Social al resolver sin solicitar nuevos exámenes que permitieran objetivar el diagnóstico del trabajador.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar arbitrario de la recurrida.
El recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 1, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República
La Corte de Santiago indicó que existió un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida.
La Corte indicó que se produjo una afectación de la garantía de igualdad ante la Ley de la recurrente.
La decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Sergio Muñoz y Carlos Aranguiz quienes estuvieron por imponer las costas del recurso a las recurridas por partes iguales.
La decisión fue acordada con el voto en contra de Ministra Sra. Muñoz quien estuvo por revocar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección.
