Este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas que evidenciaron que las obras de la inmobiliaria no cuentan con permiso ambiental, lo cual ha generado una alteración en la flora y fauna que habita en este ecosistema, en el que existen especies como el Sapito de cuatro ojos —especie casi amenazada— y el Alerce —especie en peligro.

La Corte Suprema ratificó el fallo del Tercer Tribunal Medioambiental y la denuncia efectuada en 2019 por el actual consejero regional Alejandro Riquelme Ducci.

En la audiencia se presentaron los alegatos contra resolución del SEA que rechazó una solicitud de invalidación de la DIA del proyecto “Centro de Engorda de Salmones Leucoton”, de la empresa Blumar S.A.

El máximo Tribunal dispuso que vuelvan los autos al Tercer Tribunal Ambiental, a fin de que a través de Ministros no inhabilitados conozca y decida el fondo del asunto debatido.

La sentencia acoge parcialmente la reclamación presentada por un grupo de personas naturales contra resolución de la SMA que archivó denuncias contra el MOP y concluye que el proyecto Puente Bicentenario se ha ejecutado, a la fecha, sin contar con una resolución de calificación ambiental favorable.

La publicación incluye las sentencias dictadas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 y sistematiza estas decisiones y criterios, con el propósito de relevar el estudio de la jurisprudencia dentro del ejercicio de la función judicial.

En la audiencia realizada, la inmobiliaria presentó sus argumentos para que el Tercer Tribunal Ambiental deje parcialmente sin efecto la resolución del Ministerio del Medio Ambiente, que reconoce como urbano, entre otros, al Humedal Los Pelúes y se ordene un nuevo procedimiento.

Las reclamantes indicaron que el proyecto está en un sector cuya población es mayoritariamente mapuche; en una zona con bosque nativo y humedales con alto nivel de biodiversidad en flora y fauna; donde se recolecta y extrae recursos naturales como el pompón; y que el lugar del emplazamiento se encuentra en tierras con calidad indígena.

En dicha resolución se incluyeron sectores que corresponden a terrenos de Agrícola Chivilcán Ltda, Inmobiliaria San Agustín y otros particulares, quienes alegan que estos no son humedales, sino que se trata de suelos agrícolas productivos.

Durante la audiencia, el Tribunal hizo el llamado a conciliación, a lo que ambas partes accedieron y luego de escuchar las bases propuestas, aceptaron someterse al proceso de conciliación por medio de un acuerdo que debe elaborarse dentro del plazo de 45 días.