La requirente sostiene que el precepto impugnado produce resultados contrarios a la Constitución en el caso concreto, al negarle la posibilidad de utilizar el instrumento procesal del abandono del procedimiento, coartando su derecho a defensa, ya que restringe o limita su ámbito de acción, sin que pueda acudir a la totalidad de los mecanismos de impugnación previstos en la ley en pro de la adecuada representación de sus intereses en el juicio.

Denuncia la ocupación ilegal de su terreno, argumentando que vulnera su derecho de propiedad garantizado por la Constitución. Solicita la adopción de medidas urgentes para prevenir mayores perjuicios, tanto para la empresa como para la comunidad, ante el riesgo de incendios y otros daños derivados de la ocupación irregular.

La Administración del Condominio, se ha ceñido al procedimiento establecido el Reglamento de Copropiedad, y a la Ley N°21.442, en especial a lo preceptuado en su artículo 20 N°9, toda vez que el actor mantiene una deuda cuantiosa por concepto de gastos comunes, que habilita a adoptar la medida de corte de agua caliente que implica el uso del sistema de calderas, manteniendo el suministro de agua potable, acción que por lo demás, corresponde a la ejecución de un acuerdo de la Asamblea Ordinaria, que se aplica de forma uniforme a todas las unidades que tengan deudas morosas.

La Magistratura Constitucional declaró derechamente inadmisible el requerimiento por considerar que la requirente no planteó un conflicto constitucional plausible, sino que se centró en la interpretación que efectuó la Corte Suprema respecto de la norma impugnada, ámbito que corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Además, precisó que la acción de inaplicabilidad no es un mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.

Denuncia que la divulgación de su información personal afecta su imagen personal y corporativa, así como su derecho al olvido, exponiéndolo a comentarios difamatorios.

No puede aceptarse que se deniegue la reincorporación del actor aludiendo a los hechos en que se vio involucrado, en circunstancias que éste ni siquiera fue formalizado en la causa seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, en el cual se condenó a los culpables del delito de tráfico ilícito de drogas investigado, ni tampoco fue sancionado administrativamente con una medida expulsiva, negativa que constituye una arbitrariedad que infringe la garantía de igualdad ante la ley, al haber hecho aplicación de una facultad a una hipótesis normativa distinta para el caso previsto por el legislador.

Atendida la continuidad de los servicios que se ha tenido por establecida, los instrumentos aportados denominados ‘finiquitos’ no fueron más que aparentes y no pueden tener valor liberatorio, por cuanto no dan cuenta de una real intención de poner término a la relación laboral, sino tan solo de dejar constancia del pago de determinadas prestaciones, imponiendo en los hechos, una renuncia del trabajador de derechos de los que no puede abdicar al encontrarse vigente el vínculo subordinado y dependiente que le liga al empleador, desarrollando similares funciones.

De acuerdo al petitorio de la demanda incidental de honorarios, al contener una pretensión alternativa que implica la determinación de los honorarios por parte del juez conforme al mérito del proceso, la decisión de rechazar de plano el incidente de determinación de honorarios solo tuvo en cuenta una de las peticiones del actor, adelantando una decisión que debió ser resuelta conforme al procedimiento incidental. En dicho marco, debió debatirse, si resultaba procedente, aquella parte de la demanda incidental en que se facultaba al juez para la fijación de los honorarios, cuestión que no ha ocurrido en la especie.

La Universidad cuenta con las potestades para sancionar al actor, desde que ha sido la propia ley la que expresamente señala que la institución puede investigar y sancionar los hechos que se desarrollan por personas vinculadas a la Universidad, como ocurre en la especie, desde que los involucrados son estudiantes de la recurrida, ocurran o no en espacios académicos, lo que aparta el argumento entregado en la sentencia recurrida, de que los hechos pertenecen a la vida privada de los alumnos, y porque no puede entenderse que los hechos investigados queden comprendidos sólo dentro del ámbito privado, desde que ello transciende a la comunidad educativa, y, sin lugar a dudas, afecta el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de la recurrida, ya que resiente el bienestar de la misma y cuestiona la formación integral que fomenta.

La elección que hiciera la recurrente de un programa humanista mientras cursaba enseñanza media o la propia rendición de la prueba PAES de invierno con los requisitos vigentes a la época, no le generan un derecho real y concreto que haya ingresado a su patrimonio. Tampoco ostenta un derecho y ni aún una expectativa razonable para ingresar a la carrera de Psicología en la Universidad de Concepción, bajo los requisitos de admisión que ahora pretende mantener para ella; situación que incluso podría significar una afectación al derecho de igualdad de los restantes postulantes a la misma carrera para el periodo académico 2025.