La recurrente no cumplió con el requisito de validación de su título profesional para ejercer en la Administración Pública, conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley N°18.834. El Hospital, al advertir tal incumplimiento, procedió a dar término a la contrata, lo que se consideró un actuar conforme al derecho.

La omisión constatada amenaza de manera arbitraria la garantía de igualdad ante la ley que asiste a las recurrentes, al no observarse un imperativo legal y reglamentario, provocando en la práctica, la negación a las afectadas, de un trato de iguales.

La conducta sancionada evidencia la potencial conculcación de los derechos a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, y su natural desenvolvimiento, sin que resulte relevante la circunstancia de que los destinatarios de esos juegos sean adultos, pues objetivamente la entidad comunicacional contravino las prohibiciones que pesaban sobre ella.

El voto en contra considera que los contratos celebrados bajo el artículo 10 del Código Sanitario deben sujetarse al régimen de contratación temporal del Código del Trabajo, y que la renovación sucesiva de contratos a plazo los transforma en indefinidos, debido al incumplimiento de los límites establecidos para los contratos temporales. Argumentó que, a pesar de la emergencia sanitaria, la autoridad sanitaria debía ceñirse a las normativas laborales vigentes.

El SERNAC está legalmente habilitado para denunciar, al amparo de la letra g), del artículo 58, de la Ley N°19.496, los incumplimientos de la misma ley ante los Juzgados de Policía Local y de hacerse parte en las causas respectivas, invocando el interés general de los consumidores.

No existió sensacionalismo en la exhibición del reportaje, ya que no se presentó de forma abusiva ni distorsionada para generar emociones en el público. La transmisión se ajustó a hechos ciertos, con el objetivo de informar sobre nuevas medidas de seguridad en el mercado Lo Valledor, cuando de forma inesperada ocurrió un incidente violento que dejó heridos y pudo tener un desenlace más grave.

Se arribó a la conclusión de que la controversia involucra una cuestión de legalidad sobre el acto administrativo que debe resolverse en los tribunales de fondo, y que las infracciones sancionadas se basan en normativas específicas y no en el artículo 506.

Cualquier denuncia respecto de la seguridad en el consumo o etiquetado de productos debe canalizarse a través de la normativa y procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.

El municipio informó que la implementación del programa de orientación y vigilancia en la Plaza Ambrosio del Río, que cuenta con monitores capacitados en tenencia responsable de mascotas, responde al creciente reclamo y descontento de la comunidad local que asiste a las áreas verdes con fines recreativos, especialmente familias con niños pequeños, quienes son vulnerables ante la presencia de animales sueltos.

La recurrida informó que la actora hizo uso de su cargo para invitar a subalternos a ingresar al movimiento alquimista, y que quienes desearan ser parte de éste, debían aportar una alta suma de dinero, de uno y dos millones de pesos, los cuales debían ser depositados en su cuenta corriente.