Resolvió que lo mínimo esperable del servicio, para despegar todo atisbo de arbitrariedad a la decisión, era que se indicara cómo la talla y peso del actor afectaban sus labores diarias, haciendo meritoria una disminución de sus calificaciones. Se ordenó una nueva evaluación, sin considerar los ítems de “talla/peso” y “licencias médicas”.

Resolvió que solo se configura una infracción al artículo 3 letra d) de la Ley 19.496, con una agravante válida: el daño grave al consumidor afectado, reconocido en el proceso. Sobre esa base, optó por ajustar la multa de forma proporcional a la afectación constatada.

El máximo Tribunal constató que, habiendo operado la interrupción de la prescripción, la demanda civil fue interpuesta dentro del plazo establecido, y concluyó que la excepción de prescripción debió rechazarse.

Al haberse concluido que el despido del cual fue objeto la demandante es improcedente y que el empleador no pagó las cotizaciones previsionales durante la vigencia de la relación laboral, procede acceder a la nulidad del despido impetrada.

Razonó que al haberse declarado injustificado el despido, no se cumplió con la causal de necesidades de la empresa, requisito indispensable para realizar dicho descuento.

La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad de los preceptos legales que impugna para garantizar el debido proceso, la igualdad y el derecho de propiedad de los involucrados.

Al recopilar y almacenar los datos biométricos de la menor de edad, se vulneró el derecho a la privacidad de estos, el que no puede ceder frente a un presuntivo consentimiento de la joven, puesto que dicha manifestación de voluntad requiere ser verificada y acreditada con especial celo y rigurosidad, lo que no ocurrió en este caso.

Resolvió su inadmisibilidad, al considerar que no se mencionaron hechos vinculados a un derecho preexistente e indubitado, que pueda constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución.

Argumentan que no se fundó adecuadamente el acto impugnado, lo cual deviene en ilegal, arbitrario y vulnera de la garantía de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº 2 de la Constitución.

La requirente sostiene que la aplicación del artículo 773 del Código de Procedimiento Civil en la gestión pendiente vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir la concesión de la fianza de resultas antes de la ejecución de la sentencia, lo que imposibilita garantizar la restitución de los pagos en caso de que la sentencia sea revocada. Argumenta que esta situación genera un estado de indefensión para el municipio, particularmente debido al elevado monto de la indemnización.