Tuvo en consideración que, dado que el paciente fue trasladado al domicilio de su hermana el 7 de octubre de 2024, no se configuró un acto arbitrario o ilegal que justifique la protección constitucional solicitada, perdiendo así oportunidad la acción.

La sentencia impugnada no efectúa las consideraciones necesarias en torno a la prueba, en especial respecto a los pagarés acompañados. No analiza que al reverso de dichos pagarés consta que éstos han sido endosados en dominio en favor de dicho organismo estatal, en circunstancias que, para decidir la excepción de prescripción resultaba necesario examinar aquella prueba, lo que no se logra con la simple enunciación de los elementos probatorios, sino con una valoración pormenorizada y racional de la misma.

La actora denuncia que la atención médica recibida por su madre fue inadecuada, y que los especialistas no tomaron las medidas necesarias para su tratamiento, poniendo en riesgo la vida de la paciente.

Resolvió que el derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que es desconocida por el empleador puede ser impetrada no sólo durante toda su vigencia, sino también después de su finalización, pero en ambos casos, solo procede alegar la excepción de prescripción de la acción, de dos años contados desde la época en que se le puso término, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo.

Se deja sin efecto las resoluciones de rechazo y se ordena a la recurrida que evalúe nuevamente las licencias médicas, y emita una nueva resolución basada en los antecedentes establecidos en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

La Clinica expone que los padres de la recién nacida, aduciendo razones personales, rechazaron las inmunizaciones definidas por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud de Chile, correspondientes a su período neonatal, esto es, el rechazo de la inoculación contra la BCG (Tuberculosis) y Hepatitis B.

Sostuvo que no se produjo vulneración de derechos fundamentales, ya que los usuarios actuaron de manera voluntaria, y prestaron su consentimiento explícito para que su iris fuera escaneado a cambio de criptomonedas.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente infringe los artículos 19 N°2 y N°3 de la Constitución, al vulnerar los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad de las penas, debido a la incertidumbre jurídica que genera y a la excesiva discrecionalidad otorgada al SII.

La Corte razona que el acto no vulnera derechos de propiedad ni generó perjuicios inmediatos a los intereses del recurrente, y que las restricciones impuestas son necesarias para preservar el patrimonio cultural y están dentro de la función social de la propiedad.

Sostuvo que la convivencia en sociedad tiene consecuencias favorables y también algunas que pueden resultar desfavorables. Entre ellas, que se edifique en el predio colindante un inmueble que cumpla con las exigencias legales y reglamentarias. Determinó que la edificación del centro deportivo y la autorización municipal para ejecutar dicha obra no vulneraron los derechos fundamentales de los recurrentes.