Resolvió que la reclamante quedó en total indefensión por la falta de motivación fáctica de la resolución reclamada, lo que permite concluir que el acto es ilegal por infracción al artículo 41 de la ley N° 19.880.

El actor sostiene que a pesar del largo tiempo que lleva en espera, y de que el hospital ha realizado exitosas intervenciones tanto a nivel nacional como internacional, su cirugía nunca se ha llevado a cabo. Añade que la cirugía, conocida por sus beneficios en la mejora de la movilidad y la reducción de síntomas como la rigidez y los temblores, sigue siendo la única opción para mitigar el impacto de la enfermedad.

La cuestión planteada involucra hechos controvertidos que requieren un análisis detallado de los antecedentes probatorios y la determinación de los eventuales derechos del recurrente, lo cual no corresponde sea resuelto en esta vía cautelar.

Desde que se admite a trámite un incidente, compete al órgano jurisdiccional conferir los traslados y fallar. Por consiguiente, la ejecutante se encontraba eximida de la obligación de dar impulso al proceso en esta etapa, puesto que debía el tribunal, de propia iniciativa, resolver la reposición planteada por la demandada una vez vencido el plazo de tres días de traslado conferido al actor, y al no hacerlo desatendió el claro mandato del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil.

El hecho que la citada medicina no se encuentre considerada en la canasta GES no es un argumento para negar la cobertura respectiva. Los tratamientos considerados no tienen un carácter taxativo y cerrado, toda vez que es preciso considerar la posibilidad de cambios en los tratamientos relacionados con avances del conocimiento científico, en cuyo caso corresponderá la determinación finalmente a los profesionales tratantes, tal como ocurre en este caso.

Los gastos comunes ordinarios no son fijos, ya que varían mes a mes, especialmente los servicios de suministro y, en este caso, las remuneraciones del personal, que pueden cambiar no solo por una modificación legal del salario mínimo, sino también debido a los días trabajados, las horas extras, entre otras circunstancias. Esta variabilidad de los gastos comunes ordinarios es inherente a su naturaleza y, para solventarlos, se aplica la figura del prorrateo, de acuerdo a la parte que corresponde a cada unidad.

Las actuaciones realizadas en segunda instancia tienen el carácter de gestiones útiles para la prosecución del juicio, considerando el proceso como una unidad, de suerte tal que no es posible atribuir un reproche de inactividad a la parte demandante, en tanto la causa penda en segunda instancia por haber sido llevada a ella por la apelación de la propia demandada.

La Corte de Santiago absolvió a ENEL del pago de una multa, al considerar que el municipio no puede imponer restricciones que obstruyan el desarrollo de los trabajos relacionados con la concesión de distribución de energía eléctrica.

La intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Sostuvo que la legislación no contempla la posibilidad de omisión de antecedentes penales en el registro de conductor, quedando supeditada la eliminación de tal registro a la supresión de las anotaciones prontuariales, hipótesis de hecho diversa a la que plantea el recurrente.