Por Ignacio Caro Cabezas, Universidad de Chile.
Si bien endurecer las sanciones puede enviar un mensaje de intolerancia hacia el crimen, la evidencia sugiere que no siempre se traduce directamente en una reducción de delitos sino que más bien resultaría en una solución provisional. Por el contrario, factores como la rehabilitación, reinserción y oportunidades, sí influirían significativamente en la reducción de la criminalidad.
La profesora Myrna Villegas Díaz, doctora en derecho y posgraduada en criminología por la Universidad de Salamanca, profesora asociada e investigadora del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nos habla sobre la efectividad de aumentar las penas en la disuasión de delitos y la prevención del crimen. Además, plantea alternativas para abordar la criminalidad en nuestro país, analiza el rol de la percepción pública y critica la labor de las policías y el Ministerio Público en la investigación de los delitos, entre otros temas.
1. ¿Cree que aumentar las penas disuadirá la comisión de delitos? ¿Por qué?
No lo creo. Las penas no son efectivas para “prevenir” delitos cuando el crimen ha adquirido un nivel de profesionalización como ocurre especialmente a nivel de crimen organizado. Esto permite que los delincuentes realicen cálculos en torno a las eventuales penas a recibir por los delitos que cometen, se instruyen en torno a eventuales actos que puedan resultar impunes o que simplemente rayen en la legalidad.
2. ¿Existe evidencia empírica que respalde la idea de que penas más severas reducen la tasa de criminalidad? ¿cuáles?
No la hay, por el contrario, las tasas de reincidencia en personas que permanecen mayor tiempo en la cárcel son mucho más altas que las que se ejecutan en libertad. Se suele indicar a la cárcel como escuela del delito. Así ocurre en la realidad, especialmente cuando van adquiriendo altos niveles de hacinamiento y precariedad dado que en un entorno así es imposible llevar a cabo una resocialización.
3. ¿Cree que otros factores influyen de mayor manera en la prevención del crimen que el endurecimiento de las penas? ¿Por qué?
La prevención hay que mirarla en clave de desarrollo. Eso implica realizar ajustes en el sistema económico y político, para prevenir la criminalidad. Mejores empleos, sueldos y educación contribuyen a evitar los delitos.
Una cuestión importante es que el Estado tenga políticas publicas eficaces y reales relativas a la salud física y mental. Tratamientos accesibles y eficaces contra la drogadicción. Actualmente quien carece de recursos y necesita someterse a un tratamiento, pasa a integrar largas filas de espera antes de poder acceder a un tratamiento.
En materia de salud mental, debe existir una política pública bien dirigida y dotada de recursos a objeto de cuidar la salud mental, especialmente en aquellos casos en los que existe tendencia a la comisión de delitos. Esto mismo debe ocurrir en las cárceles cuando los imputados son declarados responsables penalmente (casos de psicopatía).
Tratándose de delincuencia pasional, como ocurre en los crímenes y simples delitos por razones de género, la clave está en la educación desde tempranas edades (primeros años de infancia), tratamiento integral por parte del Estado a la violencia de género.
Las prevenciones situacionales (p. ej. Intervenir el sitio eriazo, donde se cometen delitos con una cancha de baby futbol) o familiares (intervenciones tempranas en determinadas familias con antecedentes criminógenos) sirven, pero puntualmente. No quiere esto decir que no deban realizarse, solo que a largo plazo no son efectivas. Intervenir el sitio eriazo con una cancha de futbol, o poner más luminarias, frenará la delincuencia en ese sector, pero ésta se trasladará a otros. Irá rotando. Lo mismo la intervención en con terapias familiares, servirá, para algunos miembros de la familia, pero en la medida en que siga esa familia inmersa en el mismo lugar criminógeno donde se sitúa, es probable que el o los miembros que han estado cometiendo delitos, vuelvan a delinquir debido a la presión social del entorno.
4. ¿Podría el aumento de las penas llevar a un aumento en la reincidencia de delitos? ¿Por qué?
Si el aumento de penas va acompañado por cárcel efectiva, es probable dado que las posibilidades de resocialización en ellas son prácticamente nulas. A su vez, si pudiendo acceder a penas sustitutivas no existe ningún control por parte del Estado al comportamiento post delictual, también es probable que se reincida.
5. ¿Cree que sería más efectivo invertir en programas de rehabilitación y reinserción en lugar de aumentar las penas? ¿Por qué?
Creo que programas de resocialización y de rehabilitación son más efectivos en la medida en que vayan acompañados de posibilidades de llevar una vida futura sin cometer delitos. Si hay un programa de rehabilitación pero una vez cumplida la pena la persona carece de oportunidades o vuelve al mismo entorno en el que delinquió, eso produce un efecto favorable a la comisión de delitos. Por eso, insisto, la prevención debe mirarse en clave de desarrollo.
Desde luego, aumentar penas no sirve para nada más que para inocuizar al delincuente durante un cierto lapso, a través del encierro. Disculpando la coloquialidad, “sacarlo de circulación durante un par de años”, pero eso no impide que en el sector desde el cual viene, siga reproduciéndose la delincuencia.
6. ¿Qué papel cree que juega la percepción pública de la eficacia del sistema de justicia en la efectividad de las penas?
La opinión pública es manipulable por los medios de comunicación. La repetición una y otra vez de las mismas noticias sobre asaltos, homicidios, balaceras, etc. Va generando un efecto de inseguridad en la población. Esta inseguridad repercute en los parlamentarios quienes aumentan penas para aplacar esa sensación de inseguridad pero que en lo factico produce pocos efectos. En general oímos hablar de la puerta giratoria, la culpa, suele decirse, siempre la tienen los jueces. Pero nadie repara en la deficiente labor de las policías y del mismo Ministerio Publico en la investigación de delitos. Es impresionante lo descuidada que puede llegar a ser una investigación, la desidia por parte de policías y fiscales en la búsqueda de antecedentes relativos a delitos en los que la opinión pública no tiene interés. Solo hay actividad cuando se trata de delitos como homicidios, secuestros, etc. Aquellos que tienen rating en la TV. Sin embargo, nada hacen cuando se trata de otros delitos, por ejemplo estafas telefónicas. Suelen archivar estas causas dejando a las víctimas, en general, adultos mayores en la indefensión. Los sistemas informáticos no funcionan entre sí, por ejemplo, hay errores en el traspaso de información que se hace desde el poder judicial al ministerio público (a veces solo hacen llegar al MP las querellas pero no los documentos que acompañan las querellas y que son probatorios).
Los fiscales en general esperan a la aportación privada de antecedentes, las policías se limitan al empadronamiento de testigos en las órdenes de investigar sin realizar esfuerzos más allá.
Incluso me ha tocado conocer casos en los que se ha acudido a las policías denunciando robo con violencia y no han enviado a las víctimas a realizar constatación de lesiones. Hay desconocimiento de las policías acerca de la situación de flagrancia relativa a la ubicación de los teléfonos robados cuando son encendidos, y que les permitiría actuar. Por eso, las policías y el Ministerio Público deben hacer mejor su trabajo.
7. ¿Podría el aumento de las penas llevar a un aumento en la población carcelaria y, por lo tanto, generar problemas relacionados con el hacinamiento en las prisiones? ¿Por qué?
Este efecto ya se ha producido, actualmente las condiciones en las cárceles son de una sobrepoblación carcelaria que ha adquirido niveles alarmantes. Además de vulnerar la dignidad humana de los privados de libertad genera graves problemas de seguridad, no solo para los custodios sino también para quienes los visitan e incluso los abogados. A modo de ejemplo, para que un abogado ingrese a Santiago 1 a ver a sus defendidos a veces transcurren horas de espera. Los lugares donde se atiende a los defendidos tampoco cuentan con condiciones de seguridad. Por ejemplo, conocí el caso de una defensora que debía visitar a varios defendidos