Por Elke von Loebenstein M. y Martín Peña y Lillo

El Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre, marca el aniversario del día en que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Con la ratificación de este documento fundacional por parte de la mayoría de sus firmantes, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas nacieron oficialmente.

No existe ninguna otra organización mundial con la legitimidad, el poder de convocatoria y el impacto normativo de las Naciones Unidas. Ninguna otra organización mundial da esperanza a tanta gente para un mundo mejor y puede ofrecer el futuro que queremos.

Sin embargo, hoy en día, la urgencia de que todos los Estados se unan, para cumplir la promesa de las Naciones Unidas, está siendo cuestionada. La invasión rusa de Ucrania hace dos años y ahora la guerra de Gaza han demostrado que el Consejo de Seguridad de la ONU «está paralizado y es disfuncional» y que la Asamblea General de las Naciones Unidas es «más una institución simbólica que una agencia ejecutiva».

El estancamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU es una consecuencia del regreso de las rivalidades entre grandes potencias que enfrentan a China y Rusia, por un lado, contra Estados Unidos y Europa, por el otro.
La fecha ofrece una oportunidad anual para analizar, mejorar y reafirmar los propósitos y principios de la Carta de la ONU que nos han guiado durante los últimos 79 años.

Entrevistamos a Catalina Fernández Carter, abogada de la Universidad de Chile, Máster en Derecho de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, profesora asistente de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile y Jefa del Departamento de Sistema Universal de Derechos Humanos en Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; y a Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), quienes nos dieron su opinión al respecto.

En su opinión, Naciones Unidas en este mes de noviembre del 2024, ¿sigue cumpliendo su rol?

Catalina Fernández Carter: Creo que es indiscutible que Naciones Unidas se encuentra en un periodo de fuertes cuestionamientos, considerando su rol frente a los conflictos armados que se están experimentando en la actualidad y en los cuáles no ha podido contribuir de manera decidida a la resolución de éstos y a la protección de los civiles (Ucrania/Rusia, Israel/Gaza e Israel/Líbano, Sudán, etc).

Ahora bien, es importante destacar que ésta no es una incapacidad propia de la organización sino de sus Estados Miembros que han limitado su actuar, mediante el uso del veto u otros recursos del sistema multilateral. En ese contexto, los debates sobre la reforma a la Organización y al Consejo de Seguridad se tornan más apremiantes que nunca.

Al mismo tiempo, Naciones Unidas cumple un rol humanitario fundamental, a través de sus diversos órganos y agencias, que sigue más vigente que nunca. El rol de UNICEF, FAO, OMS, entre otros, es fundamental para garantizar la protección de grupos en situación de particular exclusión, y sigue siendo necesario.
Asimismo, las operaciones de paz siguen cumpliendo un rol importante en varios lugares, incluyendo el propio Líbano. Por ello, decir que Naciones Unidas «no sirve», como a veces se escucha, parece ignorar estas otras funciones que cumple la organización y que son vitales.

Nicolás Boeglin: La Carta de Naciones Unidas de 1945 enfrenta los problemas del mundo contemporáneo en este 2024 con algunos desafíos debido al hecho que tenemos a dos Estados que son Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad recurriendo a su derecho a veto para que no se pueda examinar, condenar y tomar las medidas coercitivas que puede jurídicamente ordenar el Consejo de Seguridad en caso de violaciones graves a la paz y a la seguridad internacionales: me refiero claro está, a Rusia y su agresión a Ucrania desde febrero del 2022 y a Estados Unidos que protege de manera indignante a un Estado que se cree por sobre el derecho internacional desde el 7 de octubre del 2023: Israel.

En los demás conflictos existentes en el mundo, hemos podido observar que el despliegue de cascos azules ordenados desde el Consejo de Seguridad permite contener los ánimos y apaciguar situaciones altamente conflictivas. La reciente confrontación del ejército israelí contra posiciones de la FINUL en el Sur del Líbano, una fuerza de interposición de Naciones Unidas desplegada desde el 2007, ilustra la lógica de quiénes asumen que todo lo pueden, pese a reglas internacionales y a entidades de Naciones Unidas encargadas de velar por su debido cumplimiento.

¿Se considera siempre adaptado el organigrama de Naciones Unidas ante las exigencias en el mundo actual?

Catalina Fernández Carter: Como comentaba respecto de la pregunta anterior, creo que el gran dilema que enfrenta Naciones Unidas en la actualidad es la posibilidad de reforma del Consejo de Seguridad. El modelo del CS, con cinco miembros permanentes con derecho a veto podía tener sentido tras la Segunda Guerra Mundial, pero difícilmente se explica en la actualidad. Varios cuestionan la presencia de Estados cuyo rol e influencia es significativamente más limitado en la actualidad (Reino Unido y Francia) y la ausencia de otras potencias (India, Brasil, Japón, Alemania, y posiblemente un miembro de África).

Por otra parte, ampliar el Consejo otorgándoles veto a más actores solo lo paralizaría aún más, mientras que establecer nuevos miembros permanentes pero sin derecho a veto generaría dos categorías de miembros, lo que resultaría intolerable.

En consecuencia, creo que la Organización debe pensar seriamente la posibilidad de reforma del CS de una manera que se adapte a los desafíos de la actualidad, re-evaluando el veto o regulándolo de mejor manera. Ahora bien, resulta improbable que esos debates puedan tener lugar mientras persista la invasión de Rusia o incluso durante la próxima presidencia de Estados Unidos. El clima político no parece ser el más adecuado para estas conversaciones.

Nicolas Boeglin: Existe una discusión desde hace ya varios años con algunos Estados (Argentina, Brasil, India, Indonesia, Japón, México o Sudáfrica) o grupos de Estados (la UE en Europa o la UA en África) que buscan la manera de abrir el derecho al veto en el Consejo de Seguridad a otros Estados. Por el momento estas propuestas no han logrado materializarse en una reforma de la Carta de Naciones Unidas. Seguimos con los mismos 5 Estados con derecho a veto de 1945. Ahora bien, hemos visto como vetos reiterados dan pie para trasladar un texto similar a la Asamblea General con, al votar 193 Estados, abrumadoras mayorías votando a favor del texto vetado en el Consejo de Seguridad.

Si bien hay otros aspectos que Naciones Unidas podría pensar en mejorar en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, pero también de cara a otros desafíos que supone el cambio climático, la creciente inequidad y la pobreza galopante en el planeta, hay que tener mucho cuidado en no deslegitimar a Naciones Unidas. En efecto, en el mundo actual (y Costa Rica no parecería ajena a ello), asistimos a una peligrosa deriva populista con líderes que ven las reglas existentes como un freno a sus propuestas populistas.

Donald Trump, sin proponérselo tal vez, ha sentado cátedra, con un Bolsonaro en Brasil, un Milei en Argentina, un Bukele en El Salvador, un Orban en Hungría, un MBS en Arabia Saudita, un Benjamin Netanhayu en Israel, líderes que buscan, como muchos otros populistas, desmantelar los mecanismos de control político y los contrapoderes existentes dentro de sus respectivos países. Estos líderes populistas que intentan desmantelar el Estado de Derecho existente a nivel nacional se acomodan muy bien con la visión según la cual, en el plano internacional, el derecho a la fuerza debe imponerse sobre la fuerza del derecho que fomentan también a su manera un Vladimir Putin en Rusia, o un Xi Jin Ping en China.

Quiérase o no, el derecho internacional público es la única brújula con la que se cuenta dentro de la comunidad internacional. Y el foro que constituye Naciones Unidas el único formato de carácter universal para discutir de su aplicación y decidir acciones contra Estados que infringen de manera flagrante los principios jurídicos que constituyen la base del edificio normativo que hemos construido desde 1945.