Jorge Derpich González, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez: «Si el objetivo es reducir la ocurrencia de los delitos, sin duda que la obligación de tomar pólizas especiales no resuelve el asunto. La prevención de los delitos debe recaer exclusivamente en el Estado».
Derpich explica que lo que uno paga a la concesionaria es un tributo y no el precio o valor del servicio prestado. Es por este motivo que existen diversos fallos que señalan que entre el usuario y la sociedad concesionaria no existiría una relación contractual.