El derecho de propiedad no es absoluto y está sujeto al cumplimiento de su función social. De ahí que es posible que un Estado pueda, en ejercicio de su soberanía, implementar leyes que permitan privar total o parcialmente a un particular de su dominio. Pero es indispensable, para justificar su legitimidad, que tal actuación sea recurrible ante jueces independientes, y que se enmarque en la protección del interés público y beneficio social. 

En relación a la sustitución del Senado por la Cámara de las Regiones, el académico señala que: “Las atribuciones exclusivas que hoy competen a cada cámara, dada su naturaleza, son difíciles de materializar si recaen en un mismo cuerpo colegiado, y un segundo fundamento es porque en el Senado, pudiendo reelegirse sólo una vez y ejerciendo el cargo en un periodo más prolongado de 8 años, cuenta con la posibilidad de aislar de mejor manera los efectos electorales de sus decisiones, permitiéndoles asignarle un mayor protagonismo el aspecto técnico de cada moción o mensaje en discusión».

El abogado, académico y coordinador del Centro de Educación Ciudadana de la USS sostiene que «n el intertanto entre la posible aprobación de una nueva Constitución y la entrada en vigencia de la ley que regule la organización y atribuciones de los tribunales contencioso administrativos, es clave que mediante una disposición transitoria se señale que mientras no se creen los tribunales contencioso administrativos los tribunales con competencia común deberán seguir conociendo de las controversias jurídicas que se susciten entre particulares y el Estado, y así no dejar en una situación de indefensión al ciudadano respecto al Estado como aconteció entre 1925 y 1989″.

El abogado afirma que la ley es relativamente eficaz y es un primer paso importante para regular este tipo de delitos, aún falta que se regulen más delitos que los contemplados actualmente. Asimismo, relativo a las penas de los delitos respecto a menores de edad deben ser estas penas de crimen, o al menos, penas mayores.

El abogado afirmó que: “Tampoco hay que olvidar que el Senado es una institución que coloca la mesura en el Congreso, dado que la Cámara es el órgano político, de manera que es necesario que una institución como ésta exista para que desempeñe el rol que le encomienda la propia Constitución”.

Igualmente, Palacios opina que debe robustecerse la autonomía e independencia, especialmente del Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Para ello resulta necesario revisar la composición y procesos de designación de sus autoridades, minimizando posibles injerencias partidistas y asegurando la integración técnica – especializada.

La académica señala que «no significa que la justicia social haya tenido sólo históricamente una dimensión económica, que es lo que normalmente hemos entendido, sino sólo que nuestra manera de pensar la justicia social había estado recortada y pensada sólo en clave de un problema de injusticia económica».

Coronado, Magíster en Derecho Público y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de Chile, manifiesta que, en materia de violaciones de Derechos Humanos, las últimas sentencias consideran una reparación integral no solo por perjuicios patrimoniales, sino que, además, por perjuicios extrapatrimoniales o morales, haciendo extensiva la responsabilidad incluso a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La ex presidenta y ex ministra del Tribunal Constitucional y actual profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, manifiesta su preocupación respecto a que los jueces estén capacitados para «eliminar» estereotipos de género, lo que podría suponer que ellos entran a interferir en el ámbito competencial del legislador, aun cuando traten de servir el loable objetivo de hacer justicia en un caso concreto. En otras palabras, encuentra peligroso desde la perspectiva que abre para el activismo judicial.

El abogado opina que, nuestro sindicalismo está despolitizado en el sentido de carecer de poder incluso como contrapeso al capital. Si bien, en lo formal, los derechos colectivos están declarados nominalmente, en la práctica no logran influir en las decisiones políticas de mediano y largo plazo ni en los sectores productivos ni en la sociedad civil.