El abogado con Magíster en Derecho sostiene que: “Lo que correspondería hacer es una reforma legislativa que derechamente prohíba este tipo de ajustes unilaterales, porque evidentemente estamos frente a una insuficiencia del legislador y la responsabilidad se está traspasando a los Tribunales de Justicia, en circunstancias que es una materia sensible que debería ser resuelta por él».

El profesor menciona que en la actualidad el cierre de las centrales termoeléctricas como Bocamina II, en la ciudad de Coronel, es un suceso tremendamente importante y necesario. «Quizás vamos a tener algunos problemas de abastecimiento al comienzo debido a que los cambios no se hicieron de forma paulatina. Pero el proceso de transformación, sumado al hecho de contar con todos los mecanismos en nuestro país para poder llevarlo adelante, lo veo como una oportunidad y no como un problema. De hecho, se ajusta a la política energética de retiro del Carbón impulsada por el Ministerio de Energía durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Debemos considerar que el Estado tiene en la actualidad herramientas que antes no tenía para la protección del medio ambiente”.

Araya afirma que la reforma nos proporciona una nueva alternativa de retracto para aquellos casos en que compramos presencialmente, pero no tenemos acceso inmediato al producto y obliga al proveedor a informar los costos y tiempos de despacho.

El abogado afirma que el cambio que propone la Convención es sustancial y está dado, esencialmente, por quizá una de las consagraciones más importantes que han obtenido un lugar en el borrador de la nueva Constitución, la de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho

El abogado comentó que “se estima como una evolución en materia legislativa el reconocimiento que nuestra Constitución hace de instituciones que son propias del Derecho del Trabajo”.

El abogado comentó que: “Creo que debiera agregarse como grado el presidio menor en su grado máximo, quedando con dos grados de pena divisible, así se ajusta mas a la realidad de la vida diaria y le permite al Juez mayor libertad para la justicia material’’.

El abogado comentó que: “Creo que su utilización como circunstancia agravante presenta beneficios deontológicos, pues podría ser aplicada a una mayor cantidad de figuras penales, delitos sexuales, tráfico de órganos, delitos patrimoniales, atentados a la libertad, atentados a la salud, etc. Se abre bastante la esfera de aplicación y se transforma en una norma agravante más pragmática’’

El abogado afirma que el proceso constitucional actualmente en curso nos presenta una oportunidad única para rediseñar la potestad constitucional tributaria, de modo tal que esta sea funcional a las necesidades del nuevo ciclo en el que nos adentramos como país. Esto implica regularla en forma íntegra, demarcando sus límites, pero también definiendo sus objetivos y principios.

La abogada comentó que “el pluralismo jurídico significa la coexistencia de varios sistemas normativos. Esto se traduce en que el Estado reconocerá a los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los cuales coexistirán en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia».

«Debería primar en la pirámide jerárquica de la Constitución, tanto el derecho internacional consuetudinario como los principios generales de derecho internacional, además del derecho convencional que implique cumplir lo comprometido, evitando conflictos que puedan afectar el honor del país en cuanto asume con buena fe sus compromisos internacionales», reflexiona la profesora Moure.