El 30 de agosto pasado se cumplieron 50 años del nombramiento de Thurgood Marshall como el primer juez negro en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Su vida, todo un camino se obstáculos, se conmemora de manera efusiva y su legado, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, se valora con mucho aprecio.
En 1967, el presidente Lyndon B. Johnson nominó a Marshall para ser juez de la Suprema Corte. Tenía enormes cualidades para ser juez, pero su color de piel hizo de su nombramiento algo particularmente especial. Como el primer afroamericano en llegar a la Corte en toda la historia de Estados Unidos, su nominación estuvo acompañada de una profunda carga simbólica. Tres años antes, el Congreso de ese país había aprobado la Ley de Derechos Civiles (LDC), un conjunto de medidas que pretendían, por fin, garantizar el derecho al voto de la población negra y la prohibición absoluta de la segregación.
Dichas medidas ya estaban contempladas en tres enmiendas a la Constitución incorporadas 100 años antes al terminar la Guerra Civil, pero su aplicación fue limitada debido al racismo estructural del país, especialmente en el sur. La promulgación de la LDC no fue un acto espontáneo sino el resultado de años de lucha y activismo legal de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional para el Desarrollo de Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés) fundada y dirigida por Marshall. Uno de los mandatos de la NAACP fue representar a ciudadanos negros que eran acusados de crímenes simplemente por su raza y presentar varios recursos constitucionales contra la segregación. Uno de ellos, dirigido personalmente por Marshall, llevó a que en 1954 la Corte Suprema declarara que la discriminación racial en las escuelas era inconstitucional.
Marshall no solo fue un extraordinario abogado sino un activista que, antes de llegar a la Corte, presentó varias demandas contra el Estado por situaciones claramente injustas.

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