La moción de los senadores Araya, Harboe, Lagos, Larraín y Tuma, expone que resulta inaceptable que constantemente las personas estén recibiendo llamadas telefónicas con ofertas de planes de telefonía, internet, ofertas de créditos de consumo de parte instituciones a las cuales jamás se les ha entregado ningún dato de carácter personal, y que, sin embargo, manejan dicha información sin ninguna restricción.

Observa luego que actualmente existen empresas, entidades crediticias y bancarias que poseen muchos más datos de terceras personas que sus mismos titulares y eso se produce por el verdadero tráfico de datos que realizan diversas instituciones públicas y privadas.

Asimismo, expone la iniciativa que al igual que los derechos de propiedad o libertad de información consagrados en la Carta Fundamental, resulta sumamente necesario reconocer el derecho a la protección de datos personales, esto con el objeto de oponerse a su mal uso, y que sean exclusivamente las personas dueñas de sus datos pudiendo exigir la rectificación, complementación y cancelación de estos datos su fueran erróneos o afectaran sus derechos.

Por tales motivos, el proyecto propone modificar la Constitución Política, consagrando el principio de la autodeterminación informativa y con ello reconocer constitucionalmente que los datos personales pertenecen a su titular y no a personas o empresas que los almacenan o tratan.

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