Diputados solicitan al ejecutivo reformar la institucionalidad migratoria del país e iniciar procesos de evaluación y mejora de la situación carcelaria de los inmigrantes, dando cumplimiento a las obligaciones internacionales suscritas por Chile, por medio de dos resoluciones.
La primera de ellas, aprobada por 88 votos a favor y 1 abstención, fue presentada por los diputados Espinosa, Girardi, Jiménez, Andrade, Mirosevic, Gutiérrez y Silber.
Los parlamentarios plantean algunos puntos claves para reformar la institucionalidad, con el fin de lograr la inclusión, la integración y la defensa de los derechos de los ciudadanos extranjeros avecindados en Chile.
Para ello, solicitan crear un Censo orientado al inmigrante, que permita conocer la realidad tanto de los documentados, como de los indocumentados, su situación laboral, legal y familiar, a fin de implementar políticas públicas que permitan aclarar los vacíos en este ámbito.
Asimismo, buscan fijar procedimientos de colocación laboral para extranjeros, para que el Estado sea capaz de identificar cuáles son las áreas donde existe déficit de personal.
El diputado Espinosa señaló que dichas medidas son urgentes, puesto que “el tema de la migración no puede seguir esperando una discusión parlamentaria que va a demorar un año completo, si es que el Gobierno se decide a enviar el proyecto en forma definitiva”.
En cuanto a  la segunda resolución, aprobada por 104 votos a favor y 1 abstención, presentada por los diputados Saldívar, Alvarado, Poblete y Tucapel Jiménez,  expone la necesidad de realizar un catastro de todos los casos de personas inmigrantes privadas de libertad en centros penitenciarios de nuestro país, así como también, evaluar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos contenidos en los instrumentos de derecho internacional ratificados y que, por tanto, deben ser garantizados por el Estado.
El texto solicita fortalecer la intervención del Estado, mediante la Subsecretaria de Derechos Humanos, respecto a las condiciones de vida de los extranjeros recluidos en cárceles chilenas, tanto en el sistema concesionado como tradicional.
Además, se busca la elaboración de un estatuto general en derechos humanos, respecto de los inmigrantes privados de libertad de nuestro país, fijando la intervención de los ministerios competentes para garantizarlas.
Finalmente, el documento pide evaluar y mejorar la formación de los funcionarios de Gendarmería respecto a materias relacionadas a derechos humanos en la formación curricular de estos funcionarios.

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