Por unanimidad, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Temuco y rechazó un recurso de protección deducido por un particular en contra de Contraloría General de la República por la dictación del dictamen Nº 3.507, que determinó la improcedencia del pago en su favor de la asignación de incentivo profesional por el Servicio Local de Educación Araucanía Costa.
En el escrito, se señala haber recurrido de acción de protección en contra de la Contraloría General de la República (CGR) por la dictación del dictamen Nº 3.507, de fecha 29 de mayo de 2019, que determinó la improcedencia del pago en su favor de la asignación de incentivo profesional por el Servicio Local de Educación Araucanía Costa por cuanto no se ajustó a derecho por resultar inoponible al Servicio Local de Educación al haberse dispuesto por la municipalidad más allá del plazo de seis meses establecido en el artículo 42 transitorio de la Ley Nº 21.040.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 16 y 24.
La Corte de Temuco indicó en su sentencia que, debe tenerse en cuenta que, independiente de la situación de retardo en el traspaso de información entre los servicios, la cual no es imputable a los docentes o trabajadores traspasados, la asignación en cuestión ingresó al patrimonio del recurrente, cuyo pago se mantuvo incluso después de materializado el traspaso institucional ya estudiado. Se trató de un estipendio legalmente acordado, debida y expresamente reconocido por la Municipalidad de Carahue como sostenedora y luego por el Servicio Local de Educación Pública, a lo menos de manera tácita pues continúo remunerando a los recurrentes por tal concepto. Todo ello, implicó el ingreso legítimo del mencionado incentivo en el patrimonio del recurrente, por lo que la decisión de la Contraloría no viene sino que a afectar una situación jurídica debidamente constituida y por ende, se tornó arbitraria y también ilegal pues, a criterio de la Corte, el Dictamen realiza una errónea labor hermenéutica de las disposiciones transitorias de la Ley N° 21.040. Razones por las que se acogió el recurso de protección.
Sin embargo la Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, al analizarse la legalidad del pago de una asignación concedida al actor por el alcalde la Municipalidad de Carahue el 23 de marzo de 2018, correctamente la Contraloría Regional de La Araucanía concluyó que tal desembolso no se ajustó a derecho por cuanto su otorgamiento superó el límite temporal de seis meses contados desde la fecha en que se hizo efectivo el traspaso del personal de la Municipalidad de Carahue al Servicio Local de Educación Araucanía Costa.
El fallo de la Corte Suprema agregó que, en nada altera lo dicho el que se trate de una asignación que se mantiene vigente en la ley, por cuanto perfectamente puede ser concedida y pagada por otros órganos municipales que aún no han concretado el traspaso de sus establecimientos de educación conforme a la Ley Nº 21.040. Asimismo, la continuidad en el pago de tal beneficio más allá del traspaso tampoco dota de juridicidad a una conducta contraria a derecho, más aún cuando ello incide en la remuneración de funcionarios públicos, asunto respecto del cual nuestra Carta Fundamental ha dispuesto reserva legal e iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por último, cabe mencionar que no se está en presencia de un problema de información entre la Municipalidad y su continuador legal, como incorrectamente fue concluido por los jueces de primer grado, por cuanto, al 29 de diciembre de 2017, época en que el alcalde remitió al Servicio la información necesaria para el traspaso, la asignación de incentivo profesional objeto de la controversia no existía. Razones por las que se rechazó el recurso de protección.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema en causa Rol Nº 27621-2020 y de la Corte de Temuco en causa Rol Nº 3984-2019.
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