Si bien el juez incurrió en una falsa aplicación del artículo 444, inciso 4, del Código del Trabajo, al aplicarlo a una situación no prevista en la norma, tal error carece de influencia en lo dispositivo del fallo. Aunque se aplicara el criterio más favorable al trabajador, considerando que la presentación de la medida prejudicial probatoria interrumpió el plazo de caducidad del artículo 168, lo cierto es que, una vez cumplida la medida, pasaron más de 60 días hábiles hasta que se presentó la demanda, el 17 de junio de 2022, cuando el plazo vencía el 10 de junio.

La especial naturaleza de nuestra profesión, en la que intervenimos para solucionar conflictos jurídicos entre seres humanos que disputan por bienes y derechos, hace que la prudencia, conformada por destrezas como la reflexión, la previsión, la discreción y el buen consejo sea una virtud esencial para nuestra actividad profesional.

La actuación de la recurrida resulta arbitraria y conculca el derecho de igualdad ante la ley que asiste a los abogados de la defensa como a las internas en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones legales, al no distribuirse equitativamente los espacios disponibles para que defensores y fiscales cumplan sus tareas.

La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento. Únicamente corresponde acceder a la habilitación si alguna de las partes se presenta y demuestra que, de esperar a que concluya el período inhábil para proveer algún asunto podrían tornarse ineficaces las diligencias pendientes, frustrarse derechos u ocasionarse un grave perjuicio a los litigantes.

Resulta notorio el aumento exponencial de denuncias a partir de la entrada en vigencia de la ley Karin, donde sólo en un semestre de operatividad, casi se triplica el numero de denuncias respecto de todo el año anterior.

El procedimiento judicial debe ser racional y justo, y respetar principios fundamentales que garanticen la equidad y la no arbitrariedad. En este contexto, considera que el precepto que establece que el tribunal debe pronunciarse de inmediato respecto de excepción de la caducidad impide una evaluación razonada de la situación particular del caso, afectando el derecho de defensa del demandante, alega el requirente.

La negativa a proporcionar medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del recurrente, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, importa un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la recurrente no se encuentra en condiciones de adquirirlo.

La recurrida se encuentra incumpliendo la normativa que regula su actividad económica al haber instalado y operando una antena de telefonía móvil, previo a dar cumplimiento a las normas de protección de los derechos de las comunidades indígenas en el sector.

Los tribunales limitaron su análisis a un único aspecto, es decir, la negativa a permitirle el acceso a su casa debido a restricciones de seguridad. Más concretamente, el Tribunal Supremo no verificó cómo se obtuvo exactamente el «consentimiento» de la propietaria para la ocupación de su casa, las condiciones que ella estableció para dicho uso o el monto del alquiler a pagar.

Se ordenó a la recurrida abstenerse de intervenir de cualquier forma en el camino de acceso a la propiedad del actor y retirar de inmediato los cercos de zinc y estacas de fierro, en la parte en donde se encuentra el portón de entrada a la propiedad del recurrente en el deslinde Norte.