No hay la indefensión pues se aplicó el principio del doble conforme. Tuvo la oportunidad de que, ante un tribunal diferente, con una integración de jueces distinta, pudiese probar su inocencia (presunción o estado de inocencia). La ley le permitió entonces al requirente ejercer su derecho a defensa, sin impedir la debida intervención de su abogado para hacer valer sus alegaciones, como de hecho sucedió.

Hubo incumplimiento del estándar de actuación exigido por los tratados internacionales, la Constitución y las leyes, en las prestaciones médicas de la recurrente, al no adoptarse todas las medidas de accesibilidad y ajustes necesarios para garantizar su efectiva inclusión.

Las entidades recurridas han actuado de conformidad a la normativa legal, dentro de la esfera de su competencia, con estricto apego al principio de legalidad.

No se vislumbra vulneración derechos constitucionales, ni tampoco hay medida que a estas alturas se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

Las disposiciones protegen los intereses particulares del comprador individual de un vehículo de motor frente al fabricante cuando éste esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido. Por tanto, los Estados miembros están obligados a prever que el comprador goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante.

La cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquél le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario.

El imputado se encontraba al interior de un vehículo en un sector de Viña del Mar, cuando al percatarse de que personal de carabineros patrullaba la zona arrojó desde la ventana del copiloto un paquete con marihuana, y salió corriendo para evitar su detención.

Los adultos mayores comúnmente utilizan el dinero efectivo como único medio de pago en casas comerciales, centro de pago de servicios básicos u otros lugares donde se transan bienes y servicios.

El reclamante no especifica de qué forma tales medidas puedan afectar la garantía de libertad económica amparada por la Ley 18.971.

El proyecto actualiza la ley sobre la Ley N°20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma y que prohíbe la clonación humana, con el objeto de regular la edición de este material genético y tipificar los delitos asociados.