Para que opere la excepción de la prisión preventiva anticipada debemos encontrarnos frente a un imputado cumpliendo una pena privativa de libertad, lo que no es el caso, toda vez que los imputados se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, mas no cumpliendo una pena, refiere el voto en contra.

La evidencia obtenida de la detención policial ilegal no debería haber sido excluida. La policía actuó sin autoridad estatutaria al efectuar la detención, pero dada la inseguridad jurídica que existía en el momento de la detención aleatoria por sobriedad, la infracción no fue tan grave como para requerir que el Tribunal se desvincule de las acciones policiales.

La demandada estuvo casada con el dueño de la propiedad ocupando el sitio con la hija de ambos, hecho que no fue estimado por los jueces de fondo al confirmar la sentencia de instancia que acogió la acción, configurando de esta forma el vicio de nulidad formal del artículo 768 Nº5 en relación al artículo 170 Nº4, ambos del Código de Procedimiento Civil.

El acusado fue sorprendido por personal policial ingresando a un vehículo robado, pudiendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de la especie, por lo que fue detenido, procesado y condenado por el delito de receptación.

En aplicación del principio de la realidad administrativa la denominada transacción judicial es realmente una dación en pago que cumple las exigencias del Código Civil y de la Ley de Municipalidades. Además, resulta una alternativa eficiente para que la entidad edilicia obtenga el cumplimiento de obligaciones de la Corporación.

La Corte en alzada desestimó el informe pericial y aumentó el monto anual indemnizatorio, fundando su decisión en que “la suma fijada en primera instancia resulta poco razonable”, sin desarrollar ninguna explicación de cómo arribó a tal convicción, más allá de consideraciones de índole ecológico y energético, las que fueron consideradas como opiniones personales por el máximo Tribunal.

En la especie, se recibió la causa a prueba durante la vigencia del estado de excepción, por lo que no se podía computar el plazo de seis meses de inactividad, por mandato expreso de los artículos 6 y 12 de la Ley Nº21.226, que impedían a las partes solicitar el abandono del procedimiento en dicha época.

Mediando una parte vencedora en juicio que se encuentra en fase de hacer ejecutar lo juzgado, que ese cumplimiento se realice es el objetivo prioritario del legislador a la hora de diseñar un debido proceso ejecutivo, siendo, en consecuencia, particularmente incompatible con la procedencia ilimitada de excepciones. Así, el debido proceso ejecutivo laboral es eficaz para la verificación del cumplimiento.

Con la implementación del nuevo sistema se busca reducir significativamente el tiempo de trámite y aumentar la transparencia en los procesos electorales.

La SMA solicitó la ejecución de la medida luego de múltiples infracciones por parte del centro de entretención.