Los antecedentes recopilados constituyen antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, por lo que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del INDH.

La autoridad enfrenta un juicio por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza. Así, el legislativo ha tomado la decisión de blindar a Netanyahu para evitar su destitución durante la tramitación del proceso penal en su contra.

Tribunal de base recibió a prueba excepción de ineptitud del libelo y posteriormente hizo lugar al abandono del procedimiento solicitado por la misma demandada, omitiendo pronunciarse respecto del incidente promovido que por mandato expreso de los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, correspondía resolver dentro de tercero día.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local Osorno, que acogió la denuncia formulada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y ordenó, además, oficiar a diversas reparticiones públicas para que fiscalicen los hechos denunciados.

El Código de Propiedad Intelectual francés protege los derechos del autor de una obra, esto es, su nombre, estatuto y obra, sin embargo, no prohíbe los análisis y las citas breves con carácter crítico, polémico, pedagógico, científico o divulgativo de la obra, siempre que se indique claramente el nombre del autor y la fuente.

Ubicado en la ciudad de Luxemburgo, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio resuelve asuntos para Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Mejorar la representatividad territorial de la Cámaras y eliminar el veto presidencial fueron algunas de las propuestas del Presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic y el Secretario General del órgano, Miguel Landeros, durante la octava sesión plenaria de la Comisión de Expertos.
Por: Jorge Limonado

El tribunal dio por acreditado que, el acusado J.E.R.R. abusando de su calidad de pastor de una iglesia evangélica de la comuna de Quirihue, realizó, durante 2008, actos de significación y relevancia sexual en contra de las víctimas, dos menores nacidas en 1996 y 1995, respectivamente. Delito que reiteró en contra de la segunda víctima, en 2011, cuando la menor tenía 16 años de edad.

La discrecionalidad de las autoridades administrativas para ordenar la cancelación de los pasaportes de los demandantes, fue incondicional, y su alcance y la forma de su ejercicio no se definió normativamente. En consecuencia, la medida dispuesta por el ejecutivo en el contexto del estado de emergencia es arbitraria y no satisfece el requisito de legalidad.

La Corte constató que la arbitrariedad impugnada no es un acto aislado e individual, sino que se ha generalizado por parte de la autoridad, provocando una excesiva judicialización y la consiguiente dilatación excesiva de un conflicto.