La propuesta fue presentada tras hacerse pública una investigación policial contra un plan ideado para asesinar a altas autoridades. La iniciativa busca tipificar la conspiración y el entorpecimiento de las investigaciones contra las organizaciones delictivas, y conferir mayor protección a los funcionarios involucrados.

El requirente alegó que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad, entre otras vulneraciones a garantías constitucionales.

Las recurridas no indican otro fármaco o tratamiento que pueda prestar los mismos beneficios a la niña que padece una grave enfermedad.

El imputado fue detenido en las cercanías del recinto, luego de que personal de Carabineros lo controlara al no obedecer la orden de uno de los agentes respecto del tránsito de vehículos frente a la escuela, encontrando al interior del móvil bolsas de ketamina y dinero en efectivo producto de la venta de la droga.

El requisito de agotamiento administrativo se aplica solo a las demandas que buscan reparación, pero en el caso concreto el demandante presenta una demanda bajo otra ley federal por daños compensatorios, una forma de alivio que todos están de acuerdo en que IDEA no proporciona.

El requirente alega que los preceptos legales impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

El requerido se encontraba radicado en el sector sur de la capital desde el año 2014, cuando arribó al país huyendo de la justicia trasandina por una acusación de homicidio cometido en la provincia de Río Negro.

El dictado de sentencia de conformidad con el escrito de acusación consensuado por las partes, dada la conformidad mostrada por el acusado, procede. Se debe dictar en los términos expresados, al concurrir todos los presupuestos y requisitos de dichos preceptos y ser adecuada a derecho la calificación jurídica de los hechos y las penas y responsabilidades solicitadas.

Deben observar las normas que consagran y resguardan el principio constitucional de la probidad administrativa.

La recurrente denunció que los jueces de fondo confirmaron el fallo de base que condenó al pago de doce facturas emitidas de forma fraudulenta sin examinar una sentencia condenatoria penal por los mismos documentos que se pretendían cobrar.