El Tribunal de alzada acogió la solicitud tras comprobar que en la especie se cumplen todos los requisitos para solicitar la extradición de la requerida, quien se encuentra actualmente residiendo en la ciudad emiratí de Dubái.
La resolución señala que no existe constancia en autos de que se haya efectuado una evaluación preventiva en el lugar de trabajo antes de iniciar la faena, pues de haber existido se hubiesen percatado del mal diseño de la obra, refuerza lo anterior que luego del accidente de las luminarias en las cuales trabajaba (…) fueron trasladadas de lugar.
Infracción fue clasificada como grave, por lo que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el titular arriesga una multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $3.997 mil millones (valor actual).
La requirente sostuvo que el artículo 2515 del Código Civil resulta inaplicable respecto a la prescripción de las faltas administrativas, ya que, en los casos de infracciones calificadas como faltas debe aplicarse el artículo 94 del Código Penal, que establece un plazo de prescripción de seis meses.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la entidad fiscalizadora, la que resolvió en el marco de su competencia y atribuciones.
La preocupación esencial es la falta de un marco práctico para la protección del secreto profesional de los abogados en casos como el presente. Además, el derecho interno no parece contener ningún procedimiento o garantía específica para abordar el examen de los soportes de datos electrónicos y evitar que se vea comprometida la comunicación amparada por el secreto profesional.
El ámbito del Estado es el de la identificación registral, cuya validez constitucional –se insiste- estará condicionada a que la finalidad de la registración sea lícita y que los datos colectados en tales registros sean útiles y razonables; la identidad, por el contrario, es propia del área íntima de las personas y se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, “exenta de la autoridad de los magistrados”, es decir, ajena al poder regulatorio del Estado.
El tribunal también lo condenó a la pena de cumplimiento efectivo de 5 años y un día de presidio como autor del delito de asociación ilícita.
Es al centro hospitalario al que, en todo caso, le corresponde justificar la culpa exclusiva de la víctima o el caso fortuito, como evento imprevisible o inevitable, interno a la propia asistencia o actividad hospitalaria, lo que permite distinguirlo de la fuerza mayor. Y como hemos comprobado, la producción del daño tuvo su causa en la falta de medidas de vigilancia, control y prevención por parte del hospital.
Se observa una situación anómala que permite a un gobernador regional en ejercicio que haya pasado a segunda vuelta, reincorporarse a sus funciones durante algunos días, lo que podría tener implicancias en términos de probidad e igualdad ante el proceso electoral.
