El requirente estima que la medida aplicada afecta su garantía a un debido proceso.
Cualquier acción política o de manifestación de las reivindicaciones de los recurridos, dentro del marco del Estado de Derecho, debe ejecutarse de un modo compatible con el pleno respeto de los derechos constitucionales de la parte recurrente o de cualquier tercero.
La Corte determinó que, efectuada la ponderación de los derechos involucrados, resulta aconsejable hacer prevalecer dicho interés superior de la niña por sobre el derecho de propiedad de que es titular el recurrente.
El inciso penúltimo del artículo 169 de la Ley del Tránsito, dispone que la Municipalidad respectiva es responsable civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización.
Las afecciones que presenta el imputado de momento han sido descartadas por el profesional que lo examinó de forma tal de excluir su capacidad para comprender el injusto y para afrontar el juicio. Lo expuesto, entonces, evidencia un accionar previsor, lógico y final en su comportamiento que, en principio, descarta que no haya comprendido o dirigido su acción.
No resulta pertinente contemplar una inhabilidad al recurrente, desde que la sanción que le fue previamente aplicada ya fue ejecutada y oportunamente se procedió a su exclusión. Lo anterior no supone en modo alguno una imposibilidad futura de integrarse a proyectos como el que se trata.
La normativa establece un marco legal que busca dar certeza jurídica a las operaciones realizadas con criptomonedas. También contempla la creación de un organismo regulador que administrará las inversiones de los fondos de ofertas públicas de activos digitales.
En su libelo, el actor no señaló ninguna norma legal contravenida por el municipio al decretar la clausura de su establecimiento comercial, sino que sólo aludió a la vulneración a su derecho de libre ejercicio de actividades económicas y de propiedad.
Además, la Corte estableció la falta de legitimación activa de la Corporación Municipal de Punta Arenas para impugnar decisiones del CPLT, por aplicación de la limitante contenida en el artículo 28 de la Ley de Transparencia.
Nicaragua constantemente se ha negado a acatar las resoluciones, lo que configura, al tenor del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una situación de extrema gravedad que requiere hacer efectiva la garantía colectiva por parte de los Estados integrantes del Sistema Interamericano, para exponer el caso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
