El reclamante sólo alegó que la obra que se efectuaría en un terreno colindante al suyo, le generaría graves inconvenientes y traería problemas viales y urbanísticos.
El mérito es el criterio que siempre debe regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera judicial y, por lo tanto, la regla general para la provisión de vacantes en el Poder judicial es el concurso.
La iniciativa tiene por objeto promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos en miras a mejorar su calidad de vida.
El ministro Mesa Latorre dejó a los procesados sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total, en atención, principalmente, a la edad de los exuniformados y a la situación sanitaria que se vive en el país.
Expusieron los abogados Máximo Pavez y José Miguel Valdivia. Se excusaron de asistir el exministro Jaime Campos y el abogado Davor Harasic, ambos convocados por el caso de indulto al exfrentista Jorge Mateluna.
El voto es obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional debe fijar las multas o sanciones que se aplican por el incumplimiento de este deber. La misma ley debe establecer qué electores quedan exentos de la obligatoriedad.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que sancionó a la recurrente.
Los diversos informes de liquidación, así como el testimonio del perito contratado por la aseguradora resultaron contradictorios y no la libraron de cumplir con el contrato pactado, no pudiendo alegar infracciones a leyes probatorias en sede de casación debido a la naturaleza estricta del recurso.
Los contratos celebrados por la Administración gozan de presunción de legalidad, y no pueden convalidar libremente las disposiciones del artículo 162 del Código del Trabajo.
Un ex trabajador concurrió como acreedor a la liquidación forzosa de la ex empleadora, invocando como crédito preferente el monto indemnizatorio decretado a título de daño moral por un accidente laboral sufrido mientras trabajaba para la fallida, preferencia que fue desestimada por no ser de origen legal o convencional, declarando al acreedor como valista.
