El derecho de acceso es necesario para permitir al interesado ejercer, en su caso, su derecho de rectificación, su derecho de supresión («derecho al olvido») y su derecho a la limitación del tratamiento. Para garantizar su efectividad, el interesado debe tener, en particular, derecho a ser informado de la identidad de los destinatarios concretos cuando sus datos personales ya hayan sido comunicados.

Desde la perspectiva de los derechos del niño, es un mínimo jurídico y social el garantizar espacios de cuidados integrales para los menores dentro de las instituciones de educación superior.

El trabajador durante los años 2017 a 2020 celebró sucesivos contratos de trabajo por obra o faena con sus respectivos finiquitos, los cuales carecen de fuerza probatoria al no ser más que una mera renuncia de derechos mientras existía una nueva relación laboral entre las partes. El máximo Tribunal determinó que en atención al principio de primacía de la realidad, existió un único contrato de trabajo indefinido.

El beneficio reconocido en la Ley N°19.933 fue derogado por la Ley N°20.903, no obstante, el “bono” obedecía a una serie de incrementos en la remuneración en atención a diversos ítems, y no era un pago directo al docente. Además, los actores no acompañaron las sentencias suficientes para asentar la unificación jurisprudencial pretendida.

La existencia de baremos o listados de precios para cada actuación de los abogados, opera como elemento disuasorio de la libre competencia en el mercado de los servicios profesionales prestados por estos en cuanto tiende a homogeneizar los honorarios a la hora de tasar las costas, operando en contra de la libertad y divergencia en la fijación de precios.

El Estado deberá promover la prevención de cualquier acto de corrupción, y para este fin el ordenamiento jurídico establecerá las sanciones y procedimientos que inhiban la ejecución de este tipo de conductas.

El acreedor que hizo uso de la cláusula de aceleración y demandó el cobro de su crédito ejecutivamente en una fecha anterior al 20 de marzo de 2020, no puede invocar la suspensión especial de plazos para acusar interrumpido el plazo que opera en su contra para ejercer la acción de cobro.

La Ley N° 19.880 exige, para iniciar un procedimiento de invalidación, que se le otorgue al interesado la posibilidad real de ser oído, y aportar los argumentos y antecedentes que a su juicio sostendrían la legalidad y procedencia del acto que se pretende dejar sin efecto.

La ley establece un sistema de calificación para evaluar el comportamiento de los internautas chinos, e impone a las empresas de medios la obligación de controlar sus actividades en línea. Se enmarca en una política de Estado que busca intensificar el control sobre la disidencia.

Se exceptuará la prohibición en el caso que el propietario haya acreditado ante la autoridad competente, la reforestación de la superficie devastada por el incendio forestal, con el propósito de restablecer la biodiversidad arbórea. Para este caso se prohíbe la plantación de monocultivos de Pino Radiata y Eucalyptus.