Conservador de Bienes Raíces de Licantén se negó a inscribir una liquidación de comunidad hereditaria, luego de observar que el inmueble se encontraba embargado y no constaba la existencia de la comunidad, ni se establecía con claridad sobre cuáles porciones adjudicadas continuaría el embargo.

No contravienen la libertad de asociación y ni el libre ejercicio de los cultos. No tienen por objeto ni efecto producir el reconocimiento de un culto por la República u obstaculizar su libre ejercicio.

Las autoridades vecinales deben esperar un largo tiempo para acceder a una reunión con la autoridad de su interés, lo que configura un grave problema en aquellos casos en que los vecinos necesitan soluciones inmediatas.

Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que es necesario reformar el sistema notarial actualizando el decreto arancelario y aplicando el sistema electrónico de blockchain.

El secretario de Estado presentó por escrito la contestación del libelo acusatorio en la comisión constituida para analizar su procedencia. La instancia, además, recibió a la exseremi de Desarrollo Social de la RM, Patricia Hidalgo, junto con otros invitados.

El Tribunal de alzada revocó, la sentencia en primera instancia, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Concepción, en la parte que condenó a los hijos del piloto de la aeronave a indemnizar a los deudos, tras establecer la responsabilidad del Estado, a través de la DGAC, por falta de servicios.

La Casa de Estudios alegó que se extendía el principio de publicidad más allá de lo que la Constitución permite.

Carabineros debe velar por el cumplimiento de la Ley de tránsito, y al observar una infracción a dicha norma, se encuentran facultados para efectuar un control vehicular. Asimismo, el hedor a químicos percibido por los funcionarios al interior del automóvil, es una circunstancia objetiva que habilita el control de identidad y registro de los pasajeros.

Recurrente acusó que la magistratura de alzada confirmó sin más la sentencia de base que desestimó la impugnación de un crédito, en circunstancias que en segunda instancia acompañó pruebas suficientes para desvirtuar la pretensión de la acreedora, y de las cuales el tribunal no se refirió.

Es abusiva la inclusión de consumidores que son o fueron clientes de la empresa, en cualquier fichero de solvencia patrimonial por deudas reclamadas tras la finalización de la relación contractual (porque los clientes se han dado de baja o han realizado la portabilidad a otro operador), cuando esos consumidores se oponen al pago de tales deudas, sin que nunca antes hubiesen incurrido en ningún impago de lo adeudado.