Se constató que un becario AECID cumplió funciones de empleado durante su estadía en una repartición publica, en la que debía cumplir una jornada laboral bajo supervisión directa.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita al Estado establecer una estrategia para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población y la soberanía alimentaria para el disfrute de una vida sana.
El informe sostiene que se puede observar que la iniciativa legal propone robustecer la regulación de la ley de control de armas haciéndola más restrictiva, y lo consultado a esta Corte va en concordancia con lo que ha sido la línea seguida por este tribunal, en el sentido de que la jurisdicción militar en tiempos de paz, debe ser restringida y limitada a los asuntos en que los partícipes sean exclusivamente personal militar.
El Tribunal de alzada desestimó las infracciones invocadas por la recurrente para anular la sentencia de primer grado, dictada por Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del municipio recurrido al denegar el reconocimiento solicitado, basado en una interpretación normativa que no se encuentra vigente.
El requirente estima que se le impide incluir prueba crucial para la resolución del asunto, vulnerando sus garantías constitucionales.
El tribunal estableció que, sin perjuicio de no contar con la cobertura directa del recurso de protección, el derecho a la educación no puede desconocerse, más si en el caso va enlazado al derecho de igualdad ante la ley.
La Ley N°19.664 y su reglamento, regulan las obligaciones del becario y las sanciones por su incumplimiento, de forma que la imposición de las mismas por parte del Servicio de Salud de Magallanes fue hecha dentro del marco de su potestad legal.
La iniciativa modifica la ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar, para incorporar una nueva medida de protección accesoria actualizando la aplicación práctica de la normativa a estos tiempos en cuanto al hostigamiento virtual que sufren las víctimas por parte de sus agresores.
Daniel Mendoza, director de Matarife, atribuyó al ex mandatario conductas de gran condena social que socavaron su prestigio ante la opinión pública en forma desproporcionada e injustificada.
