La información requerida es de carácter pública, al estar contenida en los registros del Ministerio de Salud. Además, tratándose de un derecho con consagración constitucional, el acceso a la información pública debe ser la regla general, descartando la aplicación de la reserva alegada por el órgano público.

Anuló de oficio el fallo impugnado al observar que no había considerado prueba fotográfica incorporada en una medida prejudicial, y por contener decisiones contradictorias.

La labor de mantención de las líneas es de cargo de la recurrente, y ello no se ha efectuado con la prolijidad y frecuencia necesaria existiendo por tanto un actuar negligente de parte de la propia actora de esta causa.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, y en su lugar acogió el recurso de amparo interpuesto por una ciudadana venezolana en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cerrar las oficinas del consulado de Chile en Venezuela mientras estaba pendiente la tramitación de la visa de responsabilidad democrática de […]

La aplicación del principio favor debilis permite equiparar la asimetría de conocimientos que los contratantes tienen de la cosa vendida, por estimarse que el comprador no posee la instrucción adecuada para determinar si el bien adquirido cumple con lo ofertado en la publicidad.

No es posible aplicar el artículo 97 del Código Penal para pedir la prescripción de una sanción administrativa en 6 meses, pues ella carece de carácter criminal.

La iniciativa propone que esta obligación no será aplicable a los abuelos y abuelas pensionados cuyo único ingreso sea la pensión garantizada universal u otra pensión de vejez, por el mismo monto o menor, exceptuando excepciones.

Si bien no cabe la posibilidad de integrar los déficits del factum con datos incorporados en la fundamentación jurídica de la sentencia, sí puede realizarse esa operación cuando se hace en beneficio del reo.

Por ningún motivo la defensa puede efectuarse a través de una simple lectura ni menos de forma escrita, a lo que debe estar atento el tribunal, sopesando y valorando lo que está sometido a su conocimiento, labor privativa de los jueces.

La iniciativa regula la venta y el consumo de bebidas no alcohólicas energéticas que contienen sustancias aditivas o estimulantes y que por su concentración son un riesgo para la salud de los menores.