Aun cuando la zona no haya sido reconocida formalmente como humedal urbano, de acuerdo a la definición dada por la Ley N°21.202 y los antecedentes allegados, se infiere que sí reúne las características propias de uno, por la cual debe ser objeto de protección.

Las facultades de resguardo de bienes estatales con las que está revestida la Delegación Presidencial, únicamente alcanza a aquellos que son nacionales de uso público. Por lo que la supuesta ocupación ilegal de un terreno fiscal debe ser conocida y resuelta por los tribunales con competencia en lo civil.

Los registros audiovisuales tuvieron graves defectos que afectaron la posibilidad de fundar adecuadamente un recurso efectivo contra la sentencia condenatoria.

La iniciativa modifica el Código del Trabajo y la Ley que fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.

El máximo Tribunal considera que tal acto no vulnera el debido proceso, pues la pericia fue solicitada con anterioridad a la comunicación de cierre de la investigación, hecho conocido por la defensa al declarar que haría suya toda la prueba de la fiscalía durante el juicio.

En el año 1996, la activista feminista sudafricana Diana Rusell impulsó el concepto de “suicidio femicida”, para tratar aquellos casos de mujeres que deciden poner fin a sus vidas, por causa de distintas situaciones de violencia de género de las que han sido víctimas.

Los sindicatos desempeñan una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores, que no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo.

De acogerse la tesis del recurrente, la ley haría responsable de forma objetiva a todos los dueños de lugares en los que alguien fallezca electrocutado, sin considerar la intervención de terceros.

Colegio de Lebu debe pagar más de 30 millones de pesos del saldo adeudado por construcción de sus dependencias. Los jueces el fondo al rechazar la demanda no razonaron de forma correcta sobre la prueba aportada por el demandante.

Recurrente objetó la negativa de la DGMN a cursar su petición de inscripción respecto de cuatro armas de fuego, en circunstancias que mantiene vigente una investigación por tenencia ilegal respecto de las mismas.