El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.
La acción de resarcimiento se hizo depender del acogimiento de la pretensión invalidatoria de la resolución que se esgrimió como causante de los daños, por lo que habiéndose desechado esta última la pretensión de indemnización de perjuicios no podía continuar por sí sola.
La contingencia profesional es aquella ocasionada por una insuficiencia derivada del servicio, mientras que la contingencia común se ocasiona por accidentes u enfermedades de origen no profesional o común.
El requirente estima que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías.
La iniciativa busca facilitar el derecho al acceso de productos de gestión menstrual y fomentar programas de educación en la materia.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que confirmó la multa aplicada por la Inspección del Trabajo a la reclamante.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al proponer el recurrente una materia de derecho que, tal como fue planteada, no es susceptible de cotejo.
Al resolver la solicitud, la magistrada razonó que los querellantes, una vez que se reanuda la causa, tras la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, tenían un plazo perentorio de 10 días para presentar la acusación. Al no hacerlo dentro del plazo legal, sino casi dos meses después, su actuar resulta extemporáneo.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el ministro en visita extraordinaria Miguel Vásquez Plaza.
El Tribunal de alzada desestimó el arbitrio al no ser el recurso de protección la vía idónea para solucionar un asunto de lato conocimiento.
