La excepción pretende proteger a los organizadores de actividades de esparcimiento, como los espectáculos culturales o deportivos, frente al riesgo derivado de la reserva de determinadas plazas disponibles que este podría tener dificultades para asignar si se ejerciese el derecho de desistimiento.

El máximo Tribunal desestimó yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, deducida por el Fisco.

Para los reclamantes, la información relevante y esencial para la evaluación del proyecto estaría vinculada a la alteración significativa de: los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, en particular, sobre los pueblos indígenas del territorio; valor paisajístico o turístico de una zona; valor arqueológico; posible afectación del bosque nativo; impacto sobre la disponibilidad y calidad del agua, entre otros.

El sentido de la moción es que estos deudores estén en condiciones similares a otros que también tienen moras con la banca pero de otra naturaleza. Hoy se ven expuestos a altas tasas de interés y a prácticas que les impiden extinguir su compromiso financiero.

La decisión de amparo dictada por el CPLT se encuentra ajustada a la ley, debidamente fundada, y en consecuencia no adolece de ilegalidad.

La recurrente solicitó se ordene al Municipio dar cumplimiento efectivo a su labor fiscalizadora en orden a prevenir las tomas de terreno en la Quebrada Cabritería, junto con la reubicación de las tomas ya instaladas en el terreno.

Se omitió la citación previa al interesado, establecida por el artículo 53 de la Ley N°19.880, cuya inobservancia ha significado para aquel ser objeto de una decisión ilegal y arbitraria desde que no tuvo la oportunidad de ejercer a cabalidad sus derechos.

Por su particularidad, el daño sufrido por la ansiedad de muerte inminente, incertidumbre y preocupación debe ser indemnizado.

La sanción fue impuesta por sumario administrativo y es proporcional en atención a la gravedad de los hechos descritos en la formulación de cargos.

Los jueces están obligados a fallar bajo el principio del interés superior del niño, el cual debe prevalecer por sobre los intereses particulares de las partes.