Lo anterior, en la medida que dichas prestaciones se ejecuten con motivo de su labor de órgano de informaciones del Gobierno.
De lo contrario, se infringen los artículos 2 transitorio, 2 letra a), y 5, de la Ley N°20.886.
Los inmuebles fiscales que no cumplen con esta calidad deben ser reivindicados mediante las acciones posesorias, como lo indica el artículo 19 del DL N°1.939.
El Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad de esta norma respecto del recurrente, pues vulnera la libertad de desarrollar una actividad económica.
Cuando la obligación de seguridad es de resultado, la responsabilidad resulta invariablemente objetiva. El dueño de los juegos mecánicos está obligado a mantener las instalaciones en correcto funcionamiento, de forma tal que asegure al máximo la seguridad de sus visitantes.
La distinción es importante para efectos de determinar si el lugar de la notificación se encuentra fuera de la comuna de asiento del tribunal, lo que aumenta el plazo para oponer excepciones.
El emplazamiento de los demandados es un trámite esencial dentro de cualquier procedimiento judicial, por lo que es deber de los órganos judiciales agotar las instancias para garantizarlo.
El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción al no acreditarse el supuesto incumplimiento.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) imputa un cargo grave por la ejecución deficiente de medidas para no intervenir a las comunidades durante la construcción del proyecto, y un cargo leve relativo a las mediciones de ruidos.
La propuesta fue respaldada por los senadores, quienes valoraron la prontitud con que los vecinos podrán presentar sus observaciones.
