El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia de la Corte de Santiago, y declaró que un Juzgado Civil de la capital es competente para conocer la demanda de nulidad de derecho público por impugnarse en ella un acto terminal dictado en Santiago.

A través de autonomías institucionales, se apunta a establecer compromisos de estabilidad y determinación de políticas públicas asociadas a la asistencia legal.

Estos documentos son una posibilidad para que los pacientes puedan manifestar con anticipación su voluntad en caso de estar imposibilitados de tomar decisiones futuras.

Los imputados, con el fin de robar el vehículo y otras especies, atacaron con un cuchillo a la víctima, causándole 21 heridas en diversas partes del cuerpo, una de ellas en la zona torácica cardiaca que le causó la muerte. Los imputados dejaron el cuerpo de la víctima abandonado y se dieron a la fuga a bordo del vehículo con la billetera de la víctima en su poder.

El Tribunal de alzada rechazó el arbitrio al considerar que el recurso de protección no es la vía para reclamar una multa sanitaria, cuyo conducto es el recurso de revisión ante el superior jerárquico, por medio de un procedimiento administrativo.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primera instancia que no hizo lugar a la demanda presentada por la empresa Distribuidora Magdalena SpA, en contra de Sociedad Cencosud Retail S.A.

El Tribunal de alzada descartó error en la apreciación de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley.

El recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías fundamentales, y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente.

Si bien el órgano recurrido ejerció sus facultades, desatendió las causas de justificación de la breve prolongación en el extranjero de la recurrida, avalando la imposición de una sanción desproporcionada y que no resulta aplicable por existir una justa razón que la exonera.