El Consejo para la Transparencia envió comunicación a la cartera para requerir antecedentes que permitan evaluar si ésta cuenta con la base legal para pedir y tratar dicha información y para determinar cuáles son las condiciones de resguardo bajo las cuales se implementará este servicio.

La negativa del empleador constituye una infracción al deber de seguridad previsto en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Las empresas son responsables por la falta de medidas de seguridad en la obra, por lo que condenó en costas a VCGP Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada y a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel a pagar solidariamente la suma de $2.796.306 por concepto de indemnización por daño moral, al trabajador.

La Subsecretaría de Salud tiene 5 días hábiles para cumplir con la decisión de la novena sala fechada este lunes 31, y permitir el acceso a mails enviados y recibidos de cuentas institucionales del ministro Paris, el ex ministro Mañalich, la ex subsecretaria Daza y otras autoridades del MINSAL durante la emergencia sanitaria.

El Tribunal de alzada desestimó el arbitrio enderezado en contra del CPLT, organismo que actuó dentro de sus facultades legales y que carece de atribuciones coactivas o de investigación sobre reparticiones públicas.

El máximo Tribunal confirmó en todas sus partes el fallo del Tribunal de alzada porteño que estableció que los tribunales ordinarios son incompetentes para revisar resoluciones de la Convención Constitucional y que existe una disposición especial al efecto.

La requirente estima que no se la puede sancionar nuevamente por los mismos hechos en sede administrativa por cuanto ello vulnera los límites de la capacidad punitiva del Estado.

A pesar del tiempo trascurrido, no se ha ordenado la confección un cartel de búsqueda.

La conducta denunciada constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el legítimo ejercicio de la actividad sindical, y que causa perjuicio no solo al recurrente, sino que afecta a todas aquellas personas relacionadas con la organización sindical.

La medida es incomprensible al ser la variante Ómicron más contagiosa, por lo que exigir a los funcionarios que mantengan su vida normal luego de ser catalogados como “alerta covid” es irresponsable y puede generar una crisis en la salud pública de la comunidad de Caldera.