La omisión constituyó falta de servicio, haciendo responsable al Estado por el daño moral originado.
El recurrido menoscabó la honra del actor, desde el momento en que hizo público un incumplimiento de carácter económico fuera de los casos previstos por la ley.
El derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas, además del reconocimiento de sus instituciones y jurisdicciones propias y la activa participación en el ejercicio y distribución del poder, debe serles reconocidos.
El ejercicio de la facultad conferida a los tribunales resulta armónica con la naturaleza cautelar de la acción de protección, que busca restablecer el derecho y asegurar la protección del afectado.
En la especie, quienes pretendieron la exhumación no son todos los hijos del fallecido y la recurrida tiene la calidad de madre del mismo.
Ya sea mediante medidas económicas y otras disposiciones que promuevan el buen vivir, especialmente protegiendo la vida familiar, el ocio, el reconocimiento de la tercera edad, entre otros.
El verdadero sentido y alcance del artículo 548 del Código Civil se refiere a la firma en el acta, y no a la presencia del ministro de fe en todo el acto de conformación.
El requirente estima vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que se le impide hacer valer sus argumentos ante tribunales superiores.
Para asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, de ser necesario, el Estado creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objetivo.
La omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido deviene en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental chileno.
