Las requirentes, dos empresas salmoneras, estiman que la normativa impugnada amplía el concepto de información pública más allá de los límites establecido por la Constitución.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Santiago, que confirmó la de primera instancia que acogió la demanda y ordena a la empresa pagar una indemnización equivalente al 8% de los ingresos brutos totales por la venta de entradas, previa deducción del IVA, y una multa de 5 UTM, por infracción a la Ley N°17.336, sobre propiedad intelectual
Se aprobó en general el artículo transitorio que termina con los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981.
El Tribunal, dictó la medida cautelar a raíz de una solicitud ingresada por el Consejo de Defensa del Estado -en representación del Estado ― Fisco de Chile) que interpuso una demanda de reparación por daño ambiental contra dichas empresas en el mes de enero de este año.
En la práctica, ello se traduciría en mayores precios en los planes de salud de actuales o de nuevos afiliados y/o afectaría la calidad de dichos planes en términos del otorgamiento de una menor cobertura efectiva o en la calidad de servicio que brinda la Isapre, sin que las partes hayan ofrecido medidas de mitigación capaces de compensar los riesgos derivados de la transacción.
El máximo Tribunal estableció la falta de servicio del centro asistencial al no prevenir la sobreinfección que contribuyó al deceso de la paciente.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia que acogió la demanda.
La requirente estima que la negación de la posibilidad de apelar en el caso concreto afecta sus garantías de igualad ante la ley y debido proceso.
No se establecieron los hechos en que se funda el recurso, pues los documentos presentados por la recurrida no resultan concluyentes para configurar las conductas de acoso que denuncia haber sufrido.
Es deber de la Administración fundamentar suficientemente sus decisiones, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando el sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que resuelve.
