El requirente estima que infringen su derecho constitucional a ejercer la acción penal.
El informe previo y obligatorio que debe realizar la COMPIN es vinculante para los servicios públicos.
La autoridad no puede exigir una solicitud formal si niega la petición del actor, sin emitir por escrito un acto administrativo que contenga los razonamientos.
La evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial forma parte del derecho a la intimidad del paciente y su vulneración genera un perjuicio que amerita reparación.
Es arbitrario obligar solo a venezolanos a usar overol blanco como medida para evitar la propagación del Covid-19, mientras que no se aplica el mismo criterio al resto de pasajeros y tripulación. Sin embargo, el uso de grilletes está justificado conforme a la Ley N° 18.216.
La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección al estimar que no se cumplía con las exigencias reglamentarias.
Si una persona ha cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva permitido por la Constitución sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial.
La acción cautelar no se encuentra naturalmente destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un proceso disciplinario administrativo.
A través de una resolución, se plantea la necesidad de fortalecer esta modalidad económica y de trabajo a distancia, con apoyo, además, de la infraestructura base que la sustente.
El CPLT denegó correctamente el acceso a información que es reservada por incidir en antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
