En esas comunicaciones, el abogado le imputó ilícitos civiles y penales, los que no contaban con respaldo en sede jurisdiccional, lo que indudablemente perturba el derecho a honra y crédito personal de la recurrente.
El procedimiento para tales efectos se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley N°19.880.
Al no entregar oportunamente los fondos pagados por error, la institución ha conculcado el derecho de propiedad del recurrente.
La naturaleza del mecanismo de revisión judicial de la potestad sancionatoria del Estado no se altera por la calificación de “apelación” que le otorga el artículo 34 de la Ley N°18.838.
Destaca la especial trascendencia del principio de preclusión electoral y el especial cuidado que los partidos políticos y las alianzas deben tener al seleccionar los candidatos que ofrecerán a los votantes.
Lo anterior, porque se trata de una acción que tiene por objeto educar a la población en una situación de emergencia y alarma.
La clausura del establecimiento es una sanción que se debe dirigir en contra de quien resulte infractor de la norma, por lo que no procede su imposición a una persona diferente, como es el caso del recurrente.
La ley se limitó a suspender los términos probatorios que hubiesen empezado a correr o que se iniciaren durante la vigencia del Estado de Catástrofe, no operando ninguna de las hipótesis en el caso.
Con ello se evita superposición de inscripciones o traslape de deslindes que afectan la certeza del sistema chileno de registro inmobiliario.
Conocer la lista de las mayores fortunas rumanas y sus deudas es un asunto de interés público.
